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José García Domínguez

La inmersión lingüística sigue siendo ilegal

Decir, como se está propalando en las últimas horas, que el Constitucional ha decidido avalar la inmersión lingüística de la Generalitat es una mentira más grande que la catedral de Burgos.

José García Domínguez
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La llamada inmersión lingüística, a la que son sometidos de modo forzoso todos los escolares de Cataluña, es una práctica completamente ilegal con arreglo a la doctrina jurídica firme y vigente establecida por sentencia no menos firme y vigente del Tribunal Constitucional en su día, allá por el año 2010. Completamente ilegal. Nada, absolutamente nada ha cambiado con respecto a esa radical ilegalidad de la inmersión practicada por la Generalitat contra los niños catalanes en el último pronunciamiento del TC, el que se acaba de hacer público hace apenas unas horas, a propósito de un recurso del PP contra la Ley de Educación de Cataluña. Nada de nada. La inmersión lingüística cometida en Cataluña era ilegal antes de conocerse el contenido de esa sentencia. Y la inmersión lingüística cometida en Cataluña sigue siendo igual de ilegal tras haber trascendido el contenido íntegro de esa sentencia. Que a la opinión pública se le esté haciendo creer todo lo contrario, esto es, que, tal como acaba de titular el editorial principal del diario La Vanguardia, "el TC preserva la inmersión lingüística", no es más que la enésima prueba de la inmensa capacidad operativa para generar desinformación, tanto dentro de Cataluña como en el resto de España, de la que disponen las terminales mediáticas al servicio de los separatistas.

El Tribunal Constitucional, como se ha dicho, estableció hace ya 9 años que privar al español de la condición de lengua vehicular en la enseñanza, que eso es la inmersión, constituye un atentado contra lo establecido al respecto en la Carta Magna. Y de ahí su prohibición absoluta. Tiempo después de la sentencia prohibitoria, la Generalitat promovió una norma autonómica, esa sobre la que ahora se acaba de pronunciar el TC, la Ley de Educación de Cataluña, donde ni se mencionaba para nada la inmersión lingüística ni tampoco se hurtaba de modo expreso al idioma español de sus atributos como lengua de uso docente en Cataluña. Porque resulta que en Cataluña no existe ninguna ley escrita que establezca la aplicación de la inmersión lingüística, ni tampoco existe ley alguna donde se imponga la expulsión del castellano de las aulas locales. Esas dos leyes existen, claro que existen, pero no se transmite su obediencia imperativa por escrito a nadie. Al modo de lo que es norma secular en la Mafia siciliana, también en la Consejería de Educación de Cataluña todas las instrucciones para cometer delitos son exclusivamente orales. Bien al contrario, la Ley de Educación de Cataluña se limita a recoger en su articulado que el catalán será la lengua "de uso normal" en las aulas. Expresado de tal modo, algo perfectamente legal.

Porque lo legal, siempre con arreglo al criterio firme del Tribunal Constitucional, no es la inmersión lingüística sino la conjunción lingüística, el uso docente de dos lenguas cooficiales en el ámbito de la comunidad autónoma, si bien no necesariamente utilizadas ambas en idéntica proporción. Una doctrina y un mandato, ese de la conjunción lingüística avalada por el Constitucional, que la ley catalana respeta sobre el papel y que la Generalitat ignora en la práctica cotidiana desde siempre. Y puesto que la Generalitat incumple su propia ley, prohibiendo de facto el castellano en los colegios, los padres de alumnos han tenido que acudir de modo reiterado a los tribunales para que se aplique la legalidad catalana, la aprobada por el Parlament y redactada por el Gobierno de la Generalitat. De ahí todas esas sentencias firmes, también incumplidas todas ellas la Generalitat, donde se ordena que al menos el 25% de las clases se impartan en castellano. Y nada de eso ha cambiado. Decir, como se está propalando en las últimas horas, que el Constitucional ha decidido avalar la inmersión lingüística de la Generalitat es una mentira más grande que la catedral de Burgos. Nada de eso hay, sino todo lo contrario. Pero ¿cómo hacer que la verdad llegue a la opinión pública si el gran cañón Berta de la manipulación informativa sigue estando en manos de los sediciosos de la Plaza de San Jaime con el silente beneplácito de la Moncloa?

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