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Cuando se resquebrajan los cimientos

La Justicia no necesita contrapesos, sino libertad y respeto a sus decisiones. ¡Lo suyo es escandaloso, señora Calvo!

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No es necesario insistir en el resultado de una estructura sólida cuando se inicia el quebrantamiento de sus cimientos. La inseguridad, la desazón de sus usuarios, es semejante a la que los ciudadanos de una comunidad sienten cuando se olvidan los fundamentos de la propia vida social o de sus instituciones.

Quien haya seguido con asiduidad las manifestaciones del presidente Sánchez referidas a los indultos de los condenados por actos de sedición (primero de octubre de 2017) no podrá menos que sentir abatimiento. Que, en la España de hoy, el presidente del Gobierno se permita calificar una sentencia del Tribunal Supremo, como un acto de revancha es tan grave que los españoles no están preparados para asumirlo.

Ésta era sólo la primera premisa del silogismo, que conducirá a la conclusión: lavar esa injusticia revanchista mediante el indulto.

¿Es esto un invento de Sánchez? No; Sánchez puede plagiar una tesis doctoral, pero no diseñar un instrumento jurídico. El indulto es tan antiguo como las sociedades organizadas jurídica y culturalmente desarrolladas.

En la antigüedad, el indulto estuvo relacionado con las deidades. En las Sagradas Escrituras también se relatan casos de indulto. En el pueblo judío, el derecho de gracia se decidía por el pueblo reunido en asamblea. Así, recordamos cómo en San Marcos, cuando Pilato tiene que dilucidar a qué preso debe indultar por la Pascua, preguntó al pueblo: "¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron: ‘Crucifícalo’". E indultó a Barrabás.

El derecho de gracia en manos de los reyes es un vestigio, en sus orígenes, de la divinidad. Así, leemos en las Partidas de Alfonso X el Sabio que "el Rey es el Vicario de Dios en sus Dominios, en lo temporal" (Par. II, tit. I, ley 5). Son varios los textos en que se habla del perdón del Rey: de en qué forma se dé (Par. III, tít. XVIII, ley 12); del perdón dado por el Rey a alguno por algún delito (Par. VII, tít. VI, ley 6); quién pueda remitir la pena por el perdón, y cuál se remita o no (Par. VII, tít. 32, ley 2); y qué diferencia hay entre misericordia, merced y gracia (Par. VII, tít. 32, ley 3).

Con estos antecedentes, nada de extraño tiene que nuestra Constitución establezca que corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales (art. 62-i).

En todo caso estamos hablando de una gracia de Estado, nunca de Gobierno. Menos aún cuando el Poder Legislativo, por la disciplina de voto, no pasa de ser una trasposición al Legislativo de la estructura representativa del Ejecutivo; pudiendo obedecer el indulto al interés de éste por mantener el poder.

Hoy, cualquier manifestación contra el ego del presidente se sancionará severamente: caso Joaquín Leguina. Y, vicepresidenta Calvo, la Justicia no necesita contrapesos, sino libertad y respeto a sus decisiones. ¡Lo suyo es escandaloso!

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