
El término rescatar se ha convertido en uno más de la familia, de uso casi diario. Personalmente, me repele hasta el mismo vocablo, aplicado gratuitamente para auxiliar a entidades productivas de bienes o de servicios que, como bien se reconoce, se encuentran en dificultades.
¿Dificultades de qué tipo? Si hubiera que establecer, con cierta generosidad, las razones que avalan la decisión de rescatar, podemos decir que, generalmente son dificultades económicas.
Pero hablemos claramente: estamos calificando la acción de ayudar financieramente a una entidad –pública o privada– como rescate de la entidad. Pero, la acción de rescatar, según la RAE en su primer significado, se identifica con "Recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido". Ninguna de las empresas objeto de recientes rescates, se incluirían en lo definido por el diccionario de la lengua española.
Todos tenemos presentes los casos más recientes de rescate. Hablamos de la entidad Air Europa, con rescate aprobado por el Consejo de ministros el tres de noviembre de 2020, por 475 millones de euros; también, de Plus Ultra, aprobado el nueve de marzo de 2021, por 53 millones de euros; más recientemente, de Tubos Reunidos, rescatada por el Consejo de ministros el veinte de julio de 2021, por importe de 112,8 millones de euros.
Su memoria está presente, fundamentalmente como fuente de conflictos, de irregularidades, de posible corrupción, que en estos momentos se están siguiendo ante Tribunales competentes. Todas ellas, entidades privadas que, al igual que tienen derecho a obtener beneficios –resultado de una gestión eficaz–, tienen también la alternativa de quebrar –cuando su gestión conduce a ello–.
Lejos de los casos anteriores, está sobre el tapete como último rescate, el que afecta a Correos –excepcionalmente con estructura de entidad pública– para el que el Gobierno ha decidido inyectar 2.000 millones de euros en cinco años, consecuencia de la reforma de la Ley Postal, por la que Correos, asume la prestación de los nuevos Servicios de Interés Económico General (SIEG). Eso del interés general es siempre muy socorrido.
En este caso, se está hablando de un rescate, cuando menos atípico, porque la entidad era ya de dominio público y lo único novedoso que hemos detectado, es el contrato-programa que pretende regular hasta 2030 la prestación por Correos de los (SIEG), asegurando a Correos una financiación de 400 millones anuales hasta el umbral de 2030, que probablemente han podido ser, por el momento, insuficientes. Un problema presupuestario.
Otra cosa, que merece mayor censura, es la necesaria reestructuración de la plantilla, que se prevé pueda suponer una reducción, superior probablemente a las cien mil personas. Una muestra de la gestión generosa, antieconómica e irresponsable que ha acrecentado la nómina de la entidad, cuando ya estaba en declive la actividad que venía desarrollando.
Los verdaderos rescates, y los rescates atípicos –como el último caso que se ha indicado–, son consecuencia de la absorción, por el poder político, de la función que corresponde al mercado, despilfarrando recursos públicos, sin resolver las carencias económicas y de gestión que les afectaban. Ministros, SEPI, Peritos, que intervienen en los procedimientos de rescate, son los verdaderamente responsables de tales desatinos.
