Aunque me parecen muy loables los intentos de UPyD por reformar la administración, hay en ellos una carga de profundidad que me preocupa: la propuesta de sustituir el estado autonómico por un estado federal.

Es verdad que un modelo federal no es incompatible con un estado central fuerte, como demuestran los casos de EE.UU. o Alemania. Pero es que tampoco el estado autonómico era incompatible con un estado central fuerte.

Por tanto, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿por qué ha naufragado el estado autonómico? Y la respuesta es que lo ha hecho por dos motivos:

1) Por la existencia de partidos nacionalistas, que someten el estado a una permanente tensión centrífuga y buscan todos los recovecos legales para pervertir el modelo territorial.

2) Por la complacencia de los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, que no solo no han plantado cara a los nacionalistas, sino que han optado sistemáticamente por aprovechar esas tensiones nacionalistas para levantar sus propios chiringuitos territoriales.

Por tanto, no es el modelo autonómico lo que ha fallado, sino que quien ha fallado son los actores encargados de aplicarlo. De hecho, la Constitución tiene suficientes mecanismos para corregir la deriva actual, pero no se quieren utilizar.

Por tanto, mientras no se corrija al menos uno de los dos problemas existentes (existencia de partidos nacionalistas, claudicación de los partidos nacionales), cualquier intento de reformar el modelo en sentido federal tan solo serviría para dar más poder a los nacionalistas en sus respectivas regiones y fragmentar aún más España.

De hecho, ¿quién pilotaría cualquier reforma constitucional que se acometiera ahora? Pues el PP, el PSOE, CIU y el PNV. Por tanto, el resultado de esa reforma no sería lo que UPyD propone, sino un traje a la medida de Artur Mas e Íñigo Urkullu. Es decir, esa reforma desembocaría en un falso estado federal, en el que en realidad se dejaría manos libres a los nacionalistas en sus respectivas regiones y se consagraría la existencia de españoles de primera y de segunda.

Esperanza Aguirre, por el PP, y Alfredo Pérez Rubalcaba, por el PSOE, lo acaban de dejar meridianamente claro: ambos abogan por reconocer la especificidad de Cataluña y País Vasco, consagrando así la desigualdad entre españoles.

Por tanto, creo que UPyD haría bien en aplazar las propuestas de reforma constitucional (que serían inmediatamente pervertidas por los dos grandes partidos nacionales) y centrarse en exigir que el gobierno aplique los muchos mecanismos correctores que la Constitución pone en sus manos: alta inspección, leyes de armonización, artículo 155...

Una vez que hayamos convertido a los partidos nacionalistas en residuales, o una vez que los dos grandes partidos nacionales (PP y PSOE) hayan sido sustituidos por otros que sí estén dispuestos a defender a España y a los españoles, podremos dedicarnos a hacer experimentos constitucionales.

Pero dedicarnos a experimentar con el modelo sin antes resolver los problemas de fondo que impiden que ningún modelo funcione, sería un suicidio.