En octubre de 2016 la CITES celebró en Johannesburgo su décimo séptima cumbre trianual. Integrada por casi todos los gobiernos del mundo, esta convención legisla sobre el comercio internacional de especies salvajes. El asunto crucial de la cita en Sudáfrica, la última que se ha celebrado hasta el momento, era el elefante africano. Una amplia coalición de países del centro de África proponían trasladar al elefante autóctono al apéndice I de especies protegidas. El comercio y la caza de las especies del apéndice I están completamente prohibidos. Frente a la coalición prohibicionista, Sudáfrica y otros países meridionales eran partidarios de mantener al elefante africano en el apéndice II, que ya prevé rígidas restricciones y solo permite el comercio y la caza en contadas excepciones aprobadas por la CITES.
Los argumentos de los prohibicionistas -liderados paradójicamente por los países que han visto desaparecer a casi todos sus elefantes- resonaron con fuerza por los pasillos del centro de convenciones de Sandton (en el norte de Johannesburgo) durante los días previos a la votación final. El elefante africano, venían a decir estos gobiernos, está gravemente amenazado por la caza furtiva. Aprobar el comercio de cierto volumen de marfil cada año no hace más que incentivar la demanda. Y dar opciones a las mafias furtivas para blanquear los colmillos que obtienen, haciéndolos pasar por colmillos legales cuyo comercio ha sido aprobado por la CITES.
Contra el uso del elefante como trofeo de caza sus argumentación era eminentemente moral.
Frente a ellos, Sudáfrica y sus aliados se esforzaban en explicar que la demanda, localizada sobre todo en China y otros países asiáticos, no desaparecerá con la prohibición. Satisfacer por la vía legal una parte de la demanda, decían, puede contribuir a mantener a raya la actividad furtiva, y la venta del marfil de los elefantes muertos puede suponer una fuente de ingresos vital para la población local y para que los gobiernos luchen contra la caza ilegal e inviertan en medidas de conservación. No solo no debemos subir al elefante africano al apéndice I argüían Zimbabue y Namibia. La CITES ha de permitirnos vender con más facilidad el marfil que almacenamos y es un sinsentido no sacar provecho económico de esas reservas. (Uno de los países prohibicionistas, Kenia, organiza a menudo quemas de toneladas de marfil para escenificar su cruzada contra el comercio de marfil).
Los beneficios de la caza
Por otra parte, los países del sur abogaban por seguir permitiendo la caza deportiva de elefantes previamente seleccionados según criterios medioambientales y biológicos, como la edad avanzada de un ejemplar que moriría pronto de todas formas sin generar ningún beneficio económico. Para matar un elefante, recordaban, los cazadores extranjeros pagan miles de dólares a las autoridades o los propietarios de los parques naturales privados. Además, el turismo de caza deja muchísimo dinero en el país receptor, donde cientos de miles de personas viven de esta industria. La caza deportiva, alegaban, también puede tener utilidad para el control de las poblaciones.
Como explicaba Ron Thomson, un veterano administrador de reservas naturales de Zimbabue, la población de elefantes total de África ha bajado en los últimos años debido a la caza furtiva, pero desde un punto de vista científico es un error analizar los números del continente. Para hacer cualquier análisis es necesario tomar cada población por separado. En países como Botsuana o Zimbabue y en ciertas zonas de Sudáfrica los elefantes no están en riesgo de extinción. Más bien hay superpoblación de elefantes. Para controlar estas poblaciones -que amenazan con desbordarse con efectos que abordaremos después- es necesario a veces matar a algunos ejemplares.
Un ministro de Zambia explicó lo benéfico de la caza para lidiar con estos problemas: Una opción es pagar por la bala y la gasolina de los todoterrenos que llevan a los rangers a matar a los elefantes; la otra, vender el derecho de caza del elefante que hay que matar a un cazador estadounidense y recibir miles de dólares por un animal que habría que haber sacrificado de todas formas.
ONGs contra propietarios privados
Aunque algunas ONGs se oponían por razones técnicas al paso del elefante africano al apéndice I, la mayoría de organizaciones ecologistas con presencia en la cumbre eran contrarias a cualquier forma de comercio y rechazaban la flexibilización de las restricciones demandada por países como Suazilandia, Namibia o Zimbabue. Llegados normalmente de Europa y Estados Unidos, los representantes de estas ONGs formaban un ejército disciplinado y con todos los medios para convencer a periodistas y delegados gubernamentales de la superioridad moral, más que de la practicidad, de sus planteamientos. Lo hacían con folletos en todas los grandes idiomas del mundo a todo color. Con camisetas y con personal capaz de comunicarse en español, inglés, alemán, francés.
Con muchos menos medios, los propietarios privados de reservas naturales de Sudáfrica y los países vecinos defendían desde sus stands su apuesta por el comercio como garantía de una industria próspera y sostenible. Estos empresarios tienen un papel capital en el exitoso modelo de conservación y turismo de Sudáfrica y otros países del sur.
Zimbabue y Namibia vieron derrotada por una mayoría aplastante su propuesta para poder vender más marfil, y Suazilandia perdió de la misma manera una propuesta similar sobre sus cuernos de rinoceronte. La coalición prohibicionista de países del centro de África ganó la votación para subir al elefante del continente al apéndice I, pero la transferencia quedó frustrada al no haber sido respaldada por una mayoría suficiente.
En los pasillos enmoquetados del centro de convenciones de Sandton muchos ecologistas recibieron con indignación la derrota (o la victoria insuficiente, más bien) de la coalición prohibicionista. Una activista española llamaba ‘asesinos’ a los que habían votado por mantener al elefante en el apéndice II. La CITES, decía la prensa internacional, había fracasado a la hora de dotar al elefante africano del máximo nivel de protección, y no otorgar más protección a los que está tan amenazado no puede ser más que una pésima noticia.
Botsuana rompe con el dogma
Este discurso impulsado por las grandes ONGs domina desde hace mucho tiempo el debate internacional, sobre todo en las ciudades y en Occidente, donde más lejos se está de la realidad de la que se habla. Según esta manera de ver el mundo, todo lo que sea aumentar las restricciones es bueno para las poblaciones de animales que se han convertido en tótems como los elefantes y los rinocerontes. El comercio y la caza, en cambio, son prácticas innobles y tienen detrás motivaciones económicas impuras incompatibles con el bienestar de los animales.
Contra el dogma se ha rebelado ahora Botsuana, que integró la coalición prohibicionista en la última cumbre de la CITES pero ha modificado sus políticas con el cambio de presidente en 2018. Poco después de llegar al poder, el nuevo presidente del país, Mokgweetsi Masisi, tomó la decisión de desarmar a los rangers que luchan contra la caza furtiva en Botsuana, que tiene la población de elefantes más grande del mundo.
Según Masisi, el anterior presidente, Ian Khama, había incurrido en una ilegalidad al permitir portar armas a agentes que no eran ni del Ejército ni de la Policía. El desarme de los rangers fue duramente criticado por organizaciones ecologistas, que acusaron a Masisi de torpedear los avances de Khama en materia de conservación y le responsabilizaron de un supuesto aumento de la caza furtiva en el país.
En septiembre de 2018 toda la prensa internacional se hizo eco de una impactante noticia. En solo unos meses, 87 elefantes habían sido abatidos por los furtivos en parques naturales de Botsuana. La información provenía de Elefantes Sin Fronteras, una ONG que trabajaba con el gobierno de Botsuana en el estudio de las poblaciones de elefantes. En un mensaje publicado en su vibrante cuenta de twitter, el gobierno de Botsuana negaba la veracidad de las cifras: "esas estadísticas son falsas". Masisi invitó a los periodistas a visitar el territorio en que se había producido la supuesta masacre. Solo se encontraron 19 carcasas, y menos de un tercio de los animales muertos habían sido abatidos por furtivos.
Los gobiernos africanos dependen a menudo de las donaciones de Occidente, y carecen de capital político para refutar el discurso alarmista de los grupos animalistas. La firme respuesta de Masisi a Elefantes Sin Fronteras es una rara excepción a la regla, y está revelando los aspectos más turbios del trabajo de mucho grupos conservacionistas en África. Varios científicos de prestigio han coincidido con el gobierno de Botsuana en denunciar la falsedad de las cifras de Elefantes Sin Fronteras. Según algunos de estos expertos, el escándalo pone de manifiesto la forma de actuar de la ONG, que habría utilizado la información de los 87 animales abatidos para causar pánico y conmover a posibles donantes con el objetivo de decantar el debate público hacia sus posiciones y recaudar más dinero.
Legalizar la caza
Masisi ha ido más allá en su desafío a los animalistas, y se está planteando legalizar la caza deportiva de elefantes que su predecesor prohibió en 2014 para deleite de los grupos ecologistas e indignación de las comunidades locales, que perdían empleos y dinero con el desmantelamiento de esta industria.
En un informe finalizado en febrero, los asesores del presidente argumentan que la población de elefantes en muchos lugares de Botsuana está fuera de control y supone una amenaza para la vida de los agricultores y sus cosechas.
El comité presidencial recomienda permitir la caza deportiva de elefantes de forma regular y limitada, de manera que sirva para contener un crecimiento poblacional que también afecta a la sostenibilidad de otros animales y plantas y reporte beneficios económicos a los habitantes de la Botsuana rural. "Recomendamos un marco legal que permita el crecimiento de la industria de caza de los safaris y gestione la población de elefantes del país", ha dicho el presidente del comité, Frans van der Westhuizen.
En una reciente visita al campo Masisi se reunió con personas que sufren los efectos de la superpoblación de elefantes y les pidió no se dejen "excluir" del debate sobre conservación por aquellos que "con un lenguaje florido" intentan imponer su visión sin tener contacto con la realidad inmediata. "¿Cuántos de vosotros habéis escrito en la prensa del Reino Unido para quejaros de la matanzas de tejones que sacrifican cada año?", afirmó Masisi para criticar a quienes desde Occidente quieren proteger la vida de los elefantes a costa de la de las personas.
El presidente se refirió también al "sacrificio sistemático de lobos y zorros" en el Reino Unido y se preguntó: "¿Por qué no les pedimos que derriben sus ciudades para hacer espacio para los lobos?". El presidente propuso también ofrecer a los animalistas europeos "una veintena de elefantes" para que los dejen "deambular en libertad" por los lugares donde viven y les permitan "multiplicarse y prohíban la caza". "Si podemos permitírnoslo, nosotros iremos de vacaciones", remachó el presidente, que acusó de "racismo" a quienes buscan imponer su concepción del campo y los animales a los africanos que deben convivir con ellos.
El país más estable de África
Con apenas 2,3 millones de habitantes y una superficie mayor que la de España, Botsuana es uno de los países más estables del continente africano, y está entre los que más respetan los derechos de propiedad y la libertad económica en África. Este país de África meridional está entre los pocos países de la región que no están gobernados por movimientos comunistas, y se ha caracterizado en los últimos años por ser la voz más vehemente contra dictaduras como la de Robert Mugabe en la vecina Zimbabue. En octubre de 2017 fue uno de los pocos países africanos en condenar la declaración unilateral de independencia en Cataluña, y cinco años antes había sido escenario de la caída del rey Juan Carlos mientras cazaba elefantes que precipitó su abdicación después de casi cuarenta años de reinado.