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Deslocalización

Las deslocalizaciones pueden llegar a tener consecuencias muy destructivas para Cataluña, aunque sus autoridades no quieran oír hablar de ello.

Mikel Buesa
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La deslocalización de las empresas es un asunto relevante que se plantea cuando la inestabilidad política pone en riesgo los fundamentos de su negocio y, en consecuencia, rebaja sus expectativas de beneficio.

La secesión de una región, como ahora se plantea en Cataluña, es uno de esos casos de inestabilidad, en los que se hace palpable el aumento de la incertidumbre entre los empresarios, su inseguridad con respecto al futuro. Ello se ha podido ver en las aún discretas manifestaciones públicas de los dirigentes patronales, tanto de la CEOE como de Foment del Treball Nacional o del Cercle d’Economia; y ha sido manifiesto en las declaraciones de José Manuel Lara y Ludger Fretzen, presidentes de las, de momento, dos únicas grandes empresas –el Grupo Planeta y Wolkswagen-Audi España– que han anunciado su intención de abandonar el territorio catalán si la independencia llega a materializarse. El primero ha señalado, aludiendo a la base cultural del negocio editorial: "Si Cataluña fuera independiente, el Grupo Planeta se tendría que ir a Zaragoza, Madrid o Cuenca", porque carecería de sentido ubicar que la sede estuviera "en un país extranjero que habla otro idioma". Además, podría haber razones estrictamente económicas, pues, erigida una frontera entre Cataluña y España, ésta implicaría un importante encarecimiento de la distribución de mercancías desde Barcelona hacia cualquier otro punto de España. No porque hubiera que aplicar un arancel protector –pues el actual reglamento arancelario de la Unión Europeas exime de esa carga a los libros–, sino porque los costes de transacción por la tramitación del despacho de mercaderías y su inspección, junto a los del aseguramiento del riesgo cambiario, serían elevados. Los estudios de la OCDE al respecto señalan que, en el caso de los países desarrollados, esos costes equivalen a una carga de un 13 por ciento sobre los precios.

El empresario alemán, por su parte, ha declarado: "Si Cataluña continúa por la vía de declararse independiente, trasladaríamos nuestra sede a Madrid"; y añadido que se han mantenido reuniones en la empresa para estudiar la operación. Pesa aquí, sin duda, la protección que la Unión Europea tiene establecida para su industria automovilística, con un arancel del 10 por ciento sobre todas las importaciones. La paradoja de este caso es que, en el supuesto de que Cataluña siguiera el principio de reciprocidad habitual en la regulación del comercio exterior, los vehículos Volkswagen, Audi y Skoda fabricados en Europa –incluso en España, como los que salen de la factoría navarra de Landaben– entrarían en Cataluña con un arancel del 10 por ciento de su valor, para volver a ser gravados al ser redistribuidos desde allí sobre el resto de España. En total, un encarecimiento del 20 por ciento, al que habría que añadir los costes de transacción a los que antes se ha aludido. Por cierto, que todo esto hace sospechar un futuro muy problemático para Seat, la filial del Grupo Volkswagen en Barcelona.

Las deslocalizaciones surten efectos negativos para las economías que pierden la presencia de las correspondientes empresas. Las cifras de los dos casos que nos ocupan así lo señalan: Planeta tiene unos ingresos superiores a los 350 millones de euros y emplea a casi 700 personas; Volkswagen-Audi factura más de 5.700 millones de euros y da ocupación a 350 trabajadores. Sin embargo, son sólo dos ejemplos de los muchos que pudiera llegar a haber. ¿Cuántos? No lo sabemos porque aún no se ha realizado ninguna investigación al respecto, al parecer porque ni los Gobiernos regional y nacional están interesados en ello, ni las entidades patronales catalanas se consideran concernidas.

No obstante, para aproximarnos a esta cuestión tal vez sea suficiente recurrir, por el momento, a la analogía vasca. En mi libro sobre la Economía de la secesión recogí los resultados de una encuesta sobre las empresas medianas y grandes localizadas en el País Vasco, con ocasión del plan secesionista impulsado por el lehendakari Ibarretxe. En ellos se ponía de relieve que casi una cuarta parte de esas empresas había estudiado el abandono de la región para instalarse en otros lugares de España. Además, otro 23 por ciento habían pensado trasladar su sede social fuera del territorio vascongado. Los efectos directos de unas acciones como éstas se estimaron en la pérdida una décima parte del PIB vasco y en un 7,5 por ciento del empleo. Y los efectos inducidos por ellas podrían ser aún más relevantes.

Así pues, las deslocalizaciones pueden llegar a tener consecuencias económicas muy destructivas para Cataluña, aunque sus autoridades regionales no quieran oír hablar de ello. Esta situación evoca el relato que, en Vivir para contarla, hizo Gabriel García Márquez del momento en el que la United Fruit Company abandonó Aracataca, su pueblo, y se llevó con ella La hojarasca:

Oí repetirse la frase fatídica: "Dicen que la compañía se va". Sin embargo, o nadie lo creía o nadie se atrevió a pensar en sus estragos.

Unos estragos que el autor colombiano resume mejor que cualquier libro de economía:

Lo único cierto era que se llevaron todo: el dinero, las brisas de diciembre, el cuchillo del pan, el trueno de las tres de la tarde, el aroma de los jazmines, el amor. Sólo quedaron los almendros polvorientos, las calles reverberantes... con sus gentes taciturnas, devastadas por los recuerdos.

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