Un año más -y van once- hemos recordado el aciago día en el que una concatenación de atentados yihadistas sembró Madrid de muerte y destrucción; hemos evocado aquella mañana y hemos dedicado un pensamiento a las víctimas de aquel acontecimiento tan doloroso. Y una vez más -y van once- hemos asistido atónitos al espectáculo de la desunión de los españoles ante aquella barbarie. Desunión de los políticos y las autoridades, desunión de las asociaciones de víctimas, desunión de los partidos y sindicatos, desunión, en fin, de los propios ciudadanos. Porque en torno a aquellos atentados se sembró la discordia, se subordinó la acción política, a izquierda y derecha, al oportunismo y se buscaron culpables donde no estaban. Y van once años con lo mismo, con esa tenacidad con la que a veces los españoles huimos de la reconciliación para alimentar el resentimiento.
La fecha del 11 de marzo fue escogida por la Unión Europea para conmemorar a las víctimas del terrorismo, expresando así la solidaridad de los ciudadanos europeos con ellas. Sin embargo, en España, lejos de tal objetivo, esa fecha se celebra bajo el signo de la discordia. Tan es así que, tal vez para evitar tan deplorable espectáculo, por iniciativa del Gobierno de Zapatero, el 11 de marzo de 2010 el Congreso de los Diputados declaró que, desde entonces, el 27 de junio de cada año sería en nuestro país el Día de las Víctimas del Terrorismo. Muerto el perro, se acabó la rabia, debieron de pensar los padres de nuestra patria, pues la fecha escogida no fue otra que la del asesinato, en 1960, de Begoña Urroz Ibarrola, una niña de año y medio a la que un atentado terrorista, cometido en la estación de Amara de San Sebastián, hirió gravemente, quemando su cuerpo de tal forma que murió al día siguiente en el Hospital del Perpetuo Socorro de aquella ciudad. ¿Quién se podría molestar por tal decisión del Congreso si, además, se podía identificar a Begoña como la primera víctima de ETA? Porque, no lo olvidemos, en España, al fin y al cabo, las víctimas de ETA han acabado despertando la simpatía de la mayoría de los ciudadanos. Y si, como efectivamente ocurrió, la ley retrotraía al primero de enero de 1960 la concesión de beneficios a las víctimas del terrorismo, entonces se podía identificar a Begoña Urroz no sólo como la primera víctima de ETA, sino también como el primer mártir del terrorismo en España.
Sin embargo, era falso. No que Begoña Urroz murió como consecuencia de un atentado, sino que ese atentado lo hubiera cometido ETA. Y era falso también que, con la referencia temporal consagrada oficialmente, la niña fuera la primera en la larga nómina de víctimas del terrorismo de nuestro país. Ambos aspectos los ha aclarado definitivamente Alfredo Hedroso en una investigación de máster que se presentó en el curso pasado en la Universidad Internacional de La Rioja.
En efecto, el atentado que segó la vida de la niña Urroz fue planificado y ejecutado por militantes del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, pudiéndose atribuir su autoría a Abderraman Muley More -conocido con el sobrenombre de Manuel Rojas-, Reyes Martín Novoa y Eloy Gutiérrez Menoyo. Y, por otra parte, en 1960 la primera víctima de una acción terrorista no fue Begoña sino el teniente de la Guardia Civil Francisco Fuentes y Fuentes de Castilla y Portugal, abatido en las proximidades de la ermita de La Mota, provincia de Gerona, por el Moviment Unificat de Resistència i Alliberament, grupo anarquista que lideraba Francesc Sabaté Llopart, conocido como Quico Sabaté.
Parece claro, por tanto, que el Congreso de los Diputados adulteró la historia para intentar resolver un problema político. Pero no lo consiguió, pues, como hemos visto, la desunión permanece. Primo Levi señaló en una entrevista que, para afrontar los hechos dolorosos de nuestra sociedad, "tenemos necesidad de monumentos, de celebraciones"; y advirtió inmediatamente que "monumento, en su etimología, quiere decir advertencia, amonestación". Pero ¿cómo advertir a partir de una mentira? ¿A quién amonestar con una falsedad? Nuestros dirigentes deberían tener claro que el memento de las víctimas en fechas señaladas tiene una función política esencial que, arrastrados por el sentimentalismo farisaico con el que se dirigen a ellas, con frecuencia olvidan: la de legitimar a la sociedad democrática en su combate al terrorismo, porque es esa misma sociedad la que éste quiere destruir para hacer viable su proyecto totalitario.