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Títeres asesinos

Los titiriteros presos, Carmena y sus seguidores tienen el mismo objetivo: destruir el orden democrático.

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El caso de los títeres asesinos pues no otra calificación merecen, aunque sean muñecos de feria, quienes ahorcan a un juez, apuñalan a un policía o violan a una monja para matarla después acuchillándola con un crucifijo, y todo en la misma sesión ha levantado una interesante polémica en torno a este enésimo acontecimiento, llamémosle cultural, organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Parece que a los ultras que gobiernan esta ciudad con la bendición del socialismo les va la promoción de la violencia, en una escalada que empezó incluso antes de que pensaran presentarse a unas elecciones y que ha encontrado en la institución municipal el ambiente y los recursos propicios para proyectarse con gran despliegue de medios.

Vaya por delante mi aplauso al juez Ismael Moreno por el impecable auto en el que ha ordenado que los dos autores de la masacre ingresen en prisión bajo la acusación de haber cometido dos delitos, uno de enaltecimiento del terrorismo y otro de incitación al odio por motivos ideológicos o religiosos. Al hacerlo así, el juez ha actuado en favor de un bien superior como es el de proteger a la sociedad de la violencia propugnada por quienes los cometieron. No se trata, como algunos piensan, de que la figura del enaltecimiento del terrorismo sea sólo un asunto que concierne a las víctimas directas de este tipo de violencia y que, por tanto, requiere que alguien concreto se sienta ultrajado, pues la victimación terrorista se extiende mucho más allá de ellas hacia el conjunto de los que forman la comunidad política, para los que el gran penalista Antonio Beristain acuñó el concepto de macrovíctimas. Y tampoco se trata de que sólo el terrorismo sea la única conducta violenta rechazable, pues otras muchas violencias políticas, cometidas bajo el influjo de ideologías totalitarias y excluyentes, son igualmente repudiables, como así lo establece, por cierto, nuestro código penal.

Cierto es que, en este caso, se ha tratado de actos de violencia simbólica, pues es evidente que, por mucho que una marioneta haga sangre, ésta será siempre un mero cosmético, un artificio con el que significar el daño. El concepto de violencia simbólica, como escribió el politólogo francés Philippe Braud, "permite tener en cuenta todas las heridas infligidas a la identidad, vinculadas o no con actos materiales". Es éste un aspecto muy importante para el asunto que nos ocupa, pues esas heridas no tienen otra finalidad que la de crear los chivos expiatorios sobre los que recaerá en su día, si el proceso desencadenado por los ultraizquierdistas que ahora gobiernan llega a su término, la violencia física inherente a toda revolución. Braud recuerda así que la lógica política del chivo expiatorio no es otra que la de designar a los enemigos del pueblo que habrán de ser inmolados; y cita para ello el Evangelio, donde Caifás resume la idea que la inspira: "Antes que perezca la nación entera conviene que uno muera por el pueblo". Y será primero uno el juez, luego otro el policía y más tarde otro más la monja; y así sucesivamente con aquellos que hayan sido elegidos no por haber cometido un delito, sino por reunir la condición simbólica que los hace sacrificables.

La violencia simbólica es el preludio de la destrucción del Estado de Derecho; es el elemento crucial sobre el que se asienta la anomia que se requiere para que las víctimas de la violencia revolucionaria no puedan ser protegidas por la sociedad. Lo vimos durante años en algunas zonas del País Vasco donde nadie se quería preguntar por la razón de los crímenes, donde bastaba aquello de "algo habrá hecho" para hacer aceptable su muerte a manos de ETA. Y se vio en España también, de manera mucho más grave, durante la convulsa crisis de los años treinta cuyo desenlace no fue otro que el de la Guerra Civil.

Carmena y sus epígonos podrán tratar de minimizar los hechos, podrán señalar que les parece exagerada la sanción de los titiriteros, podrán invocar la libertad de expresión como si este derecho democrático careciera de límite alguno, pero no por ello harán menos cierta la conexión entre las violencias simbólica y física que la historia muestra. Carmena puede decir yo así se lo he oído que, al fin y al cabo, ETA y Al Qaeda son organizaciones políticas, como si sugiriera que en el ámbito político no se pudieran cometer delitos y que, en consecuencia, los dos anarquistas encarcelados son víctimas de un enredo del Estado. No seré yo quien le quite la razón a la alcaldesa madrileña negando que las organizaciones terroristas tienen una naturaleza política, pero sí le diré que, precisamente por ello, son más peligrosas para la sociedad, pues es precisamente de ese carácter político del que nace su afán por destruir el orden democrático que yo pretendo defender. Claro que comprendo que, en tal objetivo, coinciden Carmena y sus seguidores con los terroristas. Por eso tienen títeres asesinos.

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