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Mikel Buesa

ETA y las elecciones

ETA se juega mucho en las próximas elecciones, pues su continuidad política, logística y económica puede tratar de asegurarse si logra recomponer su poder municipal.

Mikel Buesa
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Que ETA ha planificado minuciosamente su vuelta a las instituciones municipales y forales, a través de su participación en las elecciones locales, es un hecho claramente establecido en el auto del Tribunal Supremo por el que se ha declarado a Sortu como una continuación de Batasuna y, en consecuencia, se ha denegado su inscripción en el registro de partidos políticos. Sin embargo, el problema de la presencia electoral de ETA no está del todo resuelto toda vez que su partido, ahora sin una identificación clara, se ha integrado en la coalición electoral Bildu junto a Eusko Alkartasuna y Alternatiba. Y, por ello, habrá que esperar a la actuación del Gobierno, a través de la Fiscalía del Estado, y a su capacidad para sacar adelante el correspondiente proceso judicial ante el Supremo, para ver si, finalmente, ETA se presenta o no a las elecciones.

Entretanto, conviene analizar las razones que han llevado a ETA a intentar concurrir en la contienda electoral. Tres son, a mi modo de ver, los aspectos que se deben considerar al respecto: el primero es de naturaleza política y tiene que ver con la pérdida de influencia que la organización terrorista ha tenido en el País Vasco; el segundo alude a la necesidad que tiene ETA de recuperar el espacio local para poder expresar su universo simbólico; y el tercero apunta a la base logística y económica que provee el poder municipal para el desarrollo de las actividades terroristas. Veámoslas con más detalle.

ETA necesita frenar el declive que ha experimentado su capacidad política a lo largo de la última década. La ruptura de la tregua de 1998-99 y, de una forma muy especial, la ilegalización de Batasuna en 2003, fueron los detonantes principales de esa situación. Los indicadores sociológicos de que disponemos al respecto lo muestran con mucha claridad. Así, de acuerdo con los resultados del Euskobarómetro, si en 1999 casi la mitad de los vascos tenían una imagen positiva de ETA, a partir de 2003 esa proporción se redujo a la mitad. Por otra parte, si hasta un 18 % de los ciudadanos justificaban la violencia en el inicio de la década, actualmente no son más del 12% los que sostienen esa postura. Y, finalmente, lo que podría denominarse como el extremismo pro-etarra, formado por aquellos que manifiestan su apoyo incondicional o justifican a ETA, ha descendido desde el 11% al finalizar el pasado siglo a cifras que, en los últimos tiempos, se mueven entre el 1 y el 4%.

Las consecuencias electorales de esta endeblez política de ETA se manifestaron con nitidez en los comicios de 2007. Como he mostrado en mi libro ETA, S.A., en esa ocasión el partido de ETA –Acción Nacionalista Vasca– obtuvo el 7,6 % de los votos y 337 concejales, unos resultados éstos muy alejados de los que en 1999 había conseguido Batasuna –19,9 % de los votos y 679 concejales–. Se puede argüir para justificarlo que ANV sólo logró colar la mitad de sus listas, pues las demás fueron ilegalizadas. Pero en contra de esta tesis cabe añadir que ANV se presentó en los viejos feudos de ETA sin lograr reproducir el resultado anterior. Es cierto que allí consiguió hacerse con 44 alcaldías, el mismo número de las que obtuvo Batasuna ocho años antes, pero no se puede ocultar que sólo en la mitad de ellas, las de los pueblos más pequeños, ese puesto se lo otorgaron las urnas porque, en la otra mitad, las ocuparon gracias al desistimiento de los demás partidos cuyos concejales, con la única excepción del edil del PP en Ondárroa, nunca llegaron a tomar posesión debido a la violencia que se ejerció sobre ellos.

Por otro lado, ETA necesita recuperar el territorio abertzale, esa especie de zona liberada que, en la Euskadi profunda de los valles guipuzcoanos y vizcaínos, hace años logró sustraer al control del Estado generando un espacio anómico en el que se podía expresar en toda su extensión el universo simbólico del nacionalismo, con sus fiestas diferentes a las del resto de España o su educación imbuida por la exaltación de la violencia, y hacer visible a la nación vasca. Lo necesita porque sólo en ese espacio es capaz de reproducir su base social y política, y asegurar así su futuro como organización.

Y, por último, ETA requiere ostentar el poder municipal para recomponer su base logística. Ésta tiene que ver tanto con la disponibilidad de instalaciones en las que albergar los materiales del terrorismo, reunir a sus seguidores u ocultar a sus militantes, como con el manejo de los recursos presupuestarios de los ayuntamientos. Las primeras pueden ser provistas muchas veces por las autoridades municipales, sea empleando los locales públicos, sea facilitando su alquiler con cargo a los ayuntamientos. Además éstos pueden contratar a una parte del personal al servicio de la banda terrorista que realiza tareas de información para la preparación de atentados o extorsiones, propaganda, organización política y control de las múltiples entidades asociativas y mercantiles que se vinculan con ETA.

Las estimaciones que he detallado en ETA, S.A. señalan que, en los actuales ayuntamientos de ANV la nómina del personal contratado vinculado con la organización terrorista asciende a 2,4 millones de euros al año. A ello cabe añadir la colocación del personal propiamente político que ejerce tareas de representación municipal, un concepto éste que, actualmente, supone cerca de 2,2 millones de euros anuales con cargo a las arcas municipales. Además están las ayudas a los grupos municipales, que cabe cifrar en torno al medio millón de euros en cada ejercicio. Y, finalmente, está el manejo de un presupuesto anual próximo a los 250 millones de euros, parte del cual puede desviarse hacia la financiación de las organizaciones afines a ETA bajo la forma de subvenciones o de la contratación de servicios. La experiencia del pasado señala que este último concepto se puede mover cerca del uno por ciento de las disponibilidades presupuestarias, con lo que estaríamos hablando de una cifra de hasta 2,5 millones de euros al año. En total, por tanto, los ayuntamientos pueden proporcionar aproximadamente 7,6 millones de euros a las mermadas arcas de la organización terrorista. Si tenemos en cuenta que, en estos últimos años, el rendimiento de la extorsión, el saqueo, los rendimientos mercantiles y los donativos y cuotas no han proporcionado más allá de 8,2 millones anuales, se evidencia que la representación municipal es crucial para el sostenimiento económico del entramado organizativo liderado por ETA.

En síntesis, ETA se juega mucho en las próximas elecciones, pues su continuidad política, logística y económica puede tratar de asegurarse si logra recomponer su poder municipal. Por ese motivo, si se consigue que los terroristas queden excluidos del proceso electoral, se habrá dado un paso decisivo para la derrota de esta organización terrorista que tanto daño ha hecho a España y a los españoles.

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