Los socialistas defendieron en primera instancia su acuerdo con Bildu explicando que se trata de un partido legal, con presencia en las instituciones, y por tanto es natural negociar asuntos importantes como sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Más tarde matizaron sus declaraciones para desactivar el escándalo provocado por estos cambalaches en los que se mezclan asuntos económicos con cuestiones de política penitenciaria, pero en realidad podían haber seguido defendiendo su argumento inicial porque es absolutamente cierto. Los proetarras, en efecto, son un partido perfectamente legal y, además, luchan junto al resto de la izquierda para expulsar de la vida política a Vox, el único partido considerado fuera de la democracia por el resto del arco parlamentario. ¿Por qué no iban los socialistas a pactar con ellos?
Los separatistas desenmascaran con su presencia en la vida política la hipocresía de los partidos que defienden el orden constitucional. Ya el mero hecho de que exista un bloque de partidos constitucionalistas es un despropósito en sí mismo, porque todas las formaciones políticas tienen como primera obligación respetar la Constitución. Incluso aquellos grupos independentistas que buscan dinamitar el orden constitucional, una aspiración legítima solo si existe un compromiso fehaciente de tratar de derogar la Carta Magna utilizando los mecanismos jurídico-políticos establecidos al efecto. Si no es así, se trata de organizaciones políticas que se ponen a sí mismas fuera de la ley, como ocurre con las fuerzas regionales disolventes que buscan la ruptura unilateral de la Nación recurriendo si hace falta a la violencia.
Los dirigentes que se escandalizan por los pactos de Sánchez con Bildu son los mismos que votan en contra de ilegalizar a los proetarras cuando se suscita la cuestión en el Parlamento nacional. ¿En qué quedamos? Si votan en contra de su ilegalización es porque consideran que también los proetarras respetan la Constitución y la ley, como exige el artículo 6 de nuestra Carta Magna, en cuyo caso han de poder ejercer libremente sus derechos políticos y llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, como han hecho ahora con Sánchez o antes hicieron con Javier Maroto, cuando era el alcalde popular de Vitoria.
Montar en estas condiciones un escándalo por pactar con los separatistas es un gesto de profunda hipocresía y un insulto a la inteligencia de los votantes de los partidos que protestan por los cambalaches de Sánchez y Otegi. Ellos dos están donde deben estar. Son las demás fuerzas políticas las que no tienen agallas para ocupar el sitio que les corresponde y actuar en consecuencia. Eso sí que es un escándalo como una catedral.