El pasado día 15 el rey Felipe VI inauguró el Aeropuerto Internacional de Murcia, una infraestructura fundamental para una comunidad eminentemente turística que llega con varias décadas de retraso, como corresponde a una región en la que no existe el separatismo. En el acto de inauguración, una joven puso un busto de Juan de la Cierva al fondo de la sala donde se desarrollaban las intervenciones de las autoridades. Era la nieta del inventor del autogiro, Laura de la Cierva, que, a pesar del desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez, no quiso que su bisabuelo estuviera ausente en la apertura de un aeropuerto que debería haber llevado su nombre.
Es lo que aprobó el Parlamento murciano en 2017, a propuesta de Ciudadanos y con los votos a favor del PP, mientras que PSOE y Podemos votaron en contra haciendo suyas las conclusiones de las asociaciones dedicadas al trinque de la memoria histórica, que tacharon a este murciano universal, cómo no, de franquista.
Los méritos de Juan de la Cierva y Codorniú como ingeniero aeronáutico que sentó las bases de la moderna aviación civil serían más que suficientes para que el aeropuerto de su patria chica llevara su nombre, fuera él franquista o no. Pero es que, además, De la Cierva murió tres años antes de que comenzara el franquismo y después de llevar una década fuera de España, dedicado a sus trabajos de inventor y alejado, como siempre lo estuvo, de la política.
Pero la burricie de los trincones de la memoria histórica no tiene límites conocidos y el sectarismo del Gobierno de Sánchez, menos aún. Por eso el ministro de Fomento lleva año y medio con la petición del Parlamento murciano metida en un cajón, esperando al momento oportuno para impedir formalmente que el aeropuerto de Murcia lleve el nombre de un murciano universal. Si hubiera participado en las sacas del 36 o robado a mansalva en la retaguardia durante la guerra, el aeropuerto llevaría su nombre y Sánchez habría ido a la inauguración a descubrirle un monumento.
Pero no cabe achacar esta vergüenza al okupa de la Moncloa; en última instancia, se comporta como se espera de él. Lo verdaderamente siniestro es que Rajoy tuvo ocho años para erradicar del ordenamiento jurídico semejante basura y no solo no lo hizo, sino que presumió de haber conservado intactas todas las leyes de odio de ZP.