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Pablo Molina

Sospechas de formación en los cursos de corrupción

Crecen las sospechas de que algunos cursos de formación para desempleados financiados por la Junta de Andalucía podrían haberse impartido realmente.

Pablo Molina
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Crecen las sospechas de que algunos cursos de formación para desempleados financiados por la Junta de Andalucía podrían haberse impartido realmente.

A falta de que se confirmen los primeros resultados de las investigaciones judiciales, crecen las sospechas de que algunos cursos de formación para desempleados financiados por la Junta de Andalucía podrían haberse impartido realmente. En algún caso incluso se habría aplicado correctamente el dinero de la subvención. Ese podría ser el resumen de las noticias que vamos conociendo sobre el escándalo de los cursos de formación, simas abisales de gasto público que el progresismo dio en bautizar como "políticas activas de empleo" y en las que cada año desaparecen no menos de 8.000 millones de euros. Un sistema este de los cursos para desempleados donde la excepción es la norma, sobre todo en una comunidad autónoma como Andalucía, en la que los socialistas vienen actuando ya tres décadas y media en régimen de impunidad.

El sofoco producido por los 2.000 millones de euros de los fondos de formación de Andalucía probablemente malversados -y con toda seguridad mal invertidos-, según van las cuentas de la UDEF a fecha de hoy, debería cuestionar el papel de los sindicatos en este monumental trinque, del que vienen aprovechándose desde hace décadas a costa de todos los ciudadanos. ¿Qué pinta un sindicato dando clases de formación laboral? Nada. Convenientemente destruida la Formación Profesional por los socialistas nada más llegar al poder, los únicos que pueden ofrecer la necesaria capacitación para el desempeño de un oficio con el nivel de aptitud que exige el mercado laboral son los empresarios, especialmente los pequeños y medianos, responsables del 90% de los puestos de trabajo en España. Ni siquiera el sindicato de patronos, el tercer gran beneficiado del trinque masivo de los fondos para la formación junto a UGT y CCOO, debería percibir ni un céntimo para estas labores, siendo como es un órgano meramente burocrático inventado para otras cuestiones más relacionadas con la política que con el fomento real de la economía productiva.

La prueba de que ni la patronal ni los sindicatos deben encargarse de la formación de los desempleados la ofrecen ellos mismos con la forma en que llevan a cabo esos millares de cursos subvencionados. O los subcontratan, quedándose con una parte de la subvención para gastos de gestión –fórmula canónica para disfrazar un trinque en el más estricto sentido del término–, o los llevan a cabo a través de alguna de las centenares de fundaciones y empresas montadas ad hoc para lucrarse con el paro, una de las pocas industrias que sigue creciendo a pesar de la crisis.

¿Es normal que la UGT y CCOO dispongan un entramado más de cien empresas destinadas expresamente a saquear los fondos públicos que la casta política pone a su disposición para luchar contra el desempleo? Por supuesto que no. De hecho hasta el Partido Popular, que no ha llegado al Gobierno precisamente a poner en marcha una revolución liberal, está dispuesto a modificar el actual sistema de la formación ocupacional para que sindicatos y patronal pierdan el papel hegemónico del que han venido gozando hasta ahora. Puesto que resulta prácticamente imposible que dejen de trincar, como demuestra la historia reciente, permitamos la entrada de la competencia en el sistema facultando a las propias empresas a formar a sus futuros trabajadores. A ver si en un par de años conseguimos que los fraudes en los cursos sean una excepción y no la norma como hasta ahora.

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