La presidenta de la Junta de Andalucía se ha atrevido a cuestionar a sus socios de gobierno por la forma en la que han gestionado la crisis de la Corrala Utopía, un nombre de lo más apropiado para llevar a cabo una epopeya progre (o sea, con cargo al presupuesto). La consejería encargada de la cosa de la vivienda, dirigida por una miembra de IU, ha decidido que la legalidad en los procesos administrativos es una trampa burguesa para escamotear los derechos del pueblo, del que los comunistas se consideran los únicos representantes válidos. No importa que haya más de mil familias esperando pacientemente a que se les facilite una vivienda de alquiler social. Los okupas sevillanos tienen preferencia, que para eso son utópicos y además han sido desalojados por la derechona. Ante esta doble realidad, cualquiera que apele al procedimiento administrativo debe ser considerado un traidor de clase, aunque se trate de una mujer tan social y progresista como Susana Díaz, la gran esperanza del socialismo destepaís.
Los comunistas de la Consejería de Fomento y Vivienda de Andalucía han actuado como en sus tiempos Jesús Gil (qepd), cuando en mitad de un pleno le lanzaba las llaves de un piso a una señora menesterosa que a voz en grito le contaba las penurias que estaba pasando para sacar adelante a sus churumbeles. Con la diferencia de que el inolvidable presidente del Atlético de Madrid se saltaba a la torera todas las leyes porque le daba la gana, sin fingir que estaba llevando a cabo un acto exquisitamente democrático como pretenden los políticos de IU haciendo exactamente lo mismo, pero a escala mayor.
Esto de confundir la democracia con los caprichos del gobernante sólo porque es de mucho progreso tiene sus peligros, sobre todo cuando los excesos se cometen en nombre del pueblo. Alfonso Guerra empezó con esa matraca a mediados de los ochenta del siglo pasado y acabó desapareciendo hasta la hucha de los huérfanos de la Guardia Civil. En Andalucía se han volatilizado ya unos 700 millones en los ERE fraudulentos, otro acto de justicia revolucionaria al margen de las leyes y los reglamentos, que los progresistas consideran papel mojado porque ellos son la democracia y en tal condición adoptan las decisiones que estiman oportunas. Pal pueblo, claro.
El problema de Diego Valderas y sus muchachos es que de tanto pasear en coche oficial han creído que estaban en la Junta para tomar decisiones de gobierno, cuando su único papel es permitir que La Pesoe siga manejando el cotarro como viene haciendo desde hace tanto tiempo. Treinta y dos años y todavía no han culminado su proyecto. Así que por más que Susana Díaz sea declarada enemiga del pueblo por la alegre muchachada marxista, es seguro que este acto contrarrevolucionario retirando a IU las competencias de vivienda no va a tener ninguna consecuencia. Se trata tan sólo de una leve confusión.