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Pablo Planas

El español, prohibido en la escuela

Los ciudadanos están indefensos. Del PSOE y su extensión catalana, el PSC, cabe esperar siempre lo peor.

Pablo Planas
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Los ciudadanos están indefensos. Del PSOE y su extensión catalana, el PSC, cabe esperar siempre lo peor.
Efe

Ese Pedro Sánchez que no iba a pactar con Podemos ni con los nacionalistas catalanes y vascos acaba de dar carta blanca para que su partido acuerde con ese mejunje de radicales de extrema izquierda, golpistas y proetarras la erradicación del español en las escuelas de aquellas regiones con dos lenguas oficiales. Es decir, que los mandarines autonómicos de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia podrán menospreciar más el idioma común y marginar aún más a los alumnos que lo tienen como lengua materna gracias a una reforma de la ley educativa que priva al español de su condición de lengua vehicular en España. Inaudito.

Es la condición que ha impuesto el partido de personajes como Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en Madrid, y el golpista Oriol Junqueras para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Y, como era de esperar, Sánchez no ha dudado ni un segundo en dar gusto a los dirigentes republicanos y a su líder delincuente, porque para él es más importante cualquier cosa, incluido el mojón de sus números, que el respeto por los derechos lingüísticos de cientos de miles de familias. Así se las gasta el incompetente en jefe que reside en la Moncloa.

La traición de Sánchez a muchos de sus votantes no sólo ratifica y remacha la inmersión lingüística que se practica en Cataluña, sino que es un rejón de muerte para el español en las escuelas, puesto que ya no será necesario dar alguna clase en ese idioma de manera testimonial y para alegar que se cumple con las resoluciones y sentencias de los tribunales, aunque eso sea una mayúscula mentira.

Las autoridades regionales de Cataluña odian el español y odian a España, odio del que dan sobrada cuenta cada vez que abren la boca. Y han trasladado ese odio a las escuelas, donde los planes lingüísticos responden a una estrategia medida al milímetro para convertir el español en una pura excrecencia que sólo hablen quienes no pueden hablar otra cosa. Ese odio encuentra su curso también en los medios de comunicación públicos de la región, donde el español es el idioma en el que se manejan en las series los delincuentes, los marginados y los inmigrantes. Y de ahí pasa a todos los ámbitos. Hay sobrados ejemplos. Los empresarios y autónomos cuyos negocios y trabajos se hayan visto afectados por la pandemia tienen que demostrar que nada más utilizan el catalán e ignoran el castellano para tener acceso a las ayudas que gestiona esa oficina de tráfico de influencias en la que los separatistas han convertido la Generalidad.

Los ciudadanos están indefensos. Del PSOE y su extensión catalana, el PSC, cabe esperar siempre lo peor. En lo más duro del golpe de Estado separatista oscilaron tácticamente hacia el constitucionalismo, pero a la primera oportunidad comenzaron a desactivar desde dentro la unidad política frente a los separatistas. Haría bien Ciudadanos en reflexionar sobre su apoyo al Gobierno. El partido nació para oponerse a la inmersión lingüística y puede caer en un vano intento por combinar la defensa de los derechos de los castellanohablantes con el sustento gratuito de un Ejecutivo que prefiere agradar a ERC que a la mayor parte de sus votantes.

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