El presidente de la Generalidad, Quim Torra, se aviene a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos porque así lo aconseja el síndico de agravios, Rafael Ribó, no porque lo haya ordenado la Junta Electoral Central (JEC). Para que no parezca que se achanta ante los jueces y catedráticos de la JEC, Torra ha recurrido a Ribó, el defensor del pueblo local, un amigo del proceso siempre dispuesto a encabezar los pactos "nacionales" del separatismo ahora convertido en juez especial de la causa catalana. A efectos legales, el dictamen del síndico tiene el mismo valor que un informe al respecto del comité de árbitros de la federación de fútbol, pero a Torra ya le vale.
Sin embargo, Torra, sus asesores, Waterloo y la plana mayor de la república en el interior maquinan una respuesta "imaginativa", algo así como suplir el lazo por otra pancarta en la que se aluda a la decisión de la JEC. O pintar la fachada de la Generalidad de amarillo. Se ha abierto el concurso de ideas, cualquier cosa es posible y todo es susceptible de empeorar. Los ciudadanos en Cataluña están acostumbrados a todo en sus tratos con las administraciones y los lazos amarillos y demás parafernalia separatista en las oficinas y servicios públicos entran dentro de lo "normal". Una amplia mayoría del funcionariado regional está por la causa republicana. En las elecciones sindicales se ha impuesto el sindicato independentista del asesino fundador de "Terra Lliure" Carles Sastre.
Tampoco es novedad en Cataluña que se ataquen las sedes de los partidos no nacionalistas. Hace dos días, Arran, la asociación juvenil vinculada a la CUP, se pasó por las instalaciones de Ciudadanos y el PP en Barcelona para marcar las puertas con sus habituales proclamas y amenazas. Han reivindicado la "hazaña" a través de las redes sociales. También han vuelto a visitar el domicilio del juez Pablo Llarena. Ningún partido nacionalista se ha visto conminado a condenar estas actividades. La atención estaba centrada en el pulso de Torra con la Junta Electoral, en la propaganda separatista omnipresente en los edificios y espacios públicos que el separatismo utiliza para marcar el territorio reconquistado incluso antes de la retirada del 155. Eso y no otra cosa son los lazos, las banderitas golpistas en el mapa de las operaciones bélicas.
El Tribunal Supremo juzga a los golpistas en Madrid y la república no existe, pero el Estado en Cataluña tampoco. Caso contrario, no habría barra libre para el señalamiento de particulares y partidos, para el acoso a los constitucionalistas, para las agresiones en las carpas de Vox, para llenar los juzgados de heces y las fachadas de los edificios oficiales y los espacios públicos de propaganda partidista, sea periodo electoral o de rebajas.