Se ha dicho de Francia que es un Estado fallido a cuenta de los graves incidentes antes, durante y después de la final de la Copa de Europa jugada en el estadio enclavado en el suburbio parisino de Saint-Denis. Es un aserto indiscutible. Lo que sucedió es un ejemplo de manual de lo que pasa cuando los delitos no acarrean consecuencias punitivas de ningún tipo. Hasta llegar a la impunidad se han roto muchas ventanas. El proceso es largo y comienza por no ceder el asiento en el metro a las mujeres embarazadas o a las personas mayores. Esa es la expresión de la quiebra de un Estado en el apartado de la seguridad, fundamento de la libertad.
Hay muchas otras áreas donde los Estados colapsan. Por ejemplo, una parte del Estado español permite que en Cataluña se pisoteen los derechos de los castellanohablantes de manera flagrante, con alevosía y una impunidad más que absoluta. Los tribunales fallan de manera sistemática a favor de quienes denuncian la vulneración del derecho de sus hijos a recibir educación también en español y la Generalidad hace caso omiso sin que ello tenga la más mínima consecuencia desde hace cuarenta años.
Una de las causas del golpe de Estado separatista es que el incumplimiento de las leyes jamás les había acarreado la más leve molestia a las autoridades nacionalistas de la región. Y como esa vez no tenía por qué ser diferente, proclamaron la república, si bien es verdad que con un nudo en la garganta tras el despliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional el 1 de octubre de 2017 y el encarcelamiento a mediados de ese mes de los Jordis.
Sin embargo, la tibia condena del Tribunal Supremo, las excelentes condiciones penitenciarias y el indulto cuando no habían cumplido (cumplir en este caso es un decir) ni una cuarta parte de la sentencia devolvió a los gobernantes autonómicos de Cataluña su estatus de intocables. Y es en virtud de tal condición que la Generalidad lo ha vuelto a hacer con el 25% de español en horario lectivo en las enseñanzas primaria y secundaria. El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, saca pecho porque sabe que, como no ha proclamado la república, no le va a ocurrir nada, salvo convertirse en otro héroe del independentismo si es que algún día muy lejano un juez le pone una multa.
Hace más de dos años que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ratificada por el Tribunal Supremo instaba a que al menos el 25% de las clases se impartiera en español, idioma oficial en Cataluña junto al catalán, al menos sobre el papel. El niño de Canet, en realidad una niña sometida a bullying en el colegio al tiempo que ella y sus padres sufrían amenazas y señalamiento en las redes sociales, encarnó a finales del año pasado la indefensión frente a la Generalidad y las entidades, sindicatos y partidos separatistas de quienes pretenden unas pocas horas de español en el colegio para sus hijos.
Es evidente que el golpe de Estado separatista fracasó. Cataluña no es un nuevo Estado de Europa, como rezaba la propaganda independentista durante toda la última década, pero no hace ninguna falta el reconocimiento internacional para erigirse de facto en un Estado en algunas materias especialmente sensibles. En Cataluña, el Ejecutivo del Estado español ha desaparecido por completo en lo que atañe a la oficialidad del idioma español, favoreciendo de manera cómplice y decisiva el programa separatista de eliminación de la lengua materna de mucha más que la mitad de la población residente en Cataluña.
El fallo del TSJC sobre el 25% de español en el colegio fue un órdago sin cartas de los jueces, y no solo por el cúmulo de precedentes de incumplimiento. En el caso de que el Gobierno de España se tomara en serio el cumplimiento de esa sentencia en Cataluña, tan sólo dispone de dos inspectores de Educación para toda la región. Y encima tienen prohibida la entrada a los centros. Debe de haber fotos en las porterías de las escuelas de los dos funcionarios ante la remotísima posibilidad de que se presentaran sin pedir permiso y avisar con tiempo.
Mientras tanto, los defensores del derecho de los niños a recibir una enseñanza bilingüe o los de quienes piden la libre elección de lengua y que se respete el español en todos los ámbitos oficiales se ven obligados a acometer una penosa peregrinación judicial que siempre acaba igual, con las autoridades separatistas de la Generalidad sonándose los mocos con las sentencias. La inmersión lingüística es un programa de ingeniería social cuyo principal objetivo es adoctrinar a los niños en la idea de que España es otro país cuyo idioma, cultura y costumbres son lo peor del mundo. El proceso empezó a finales del franquismo y se consolidó con el primer Gobierno autonómico de Jordi Pujol, en 1980. A partir de ahí, el Estado español comenzó a colapsar en Cataluña. En aquellos tiempos, el mismo PSC-PSOE cuyos pedagogos parieron la inmersión lingüística clamaba contra la balcanización de Cataluña que perpetraba la Generalidad de Pujol. Hoy traman leyes con los partidos separatistas para saltarse las sentencias judiciales y seguir discriminando a los ciudadanos no separatistas. No prohíben el español. Prohíben enseñar español en España.
La Generalidad catalana ha incumplido una sentencia judicial que dice que hay que enseñar español en los colegios de España. No pasa nada. No hay dos Saint-Denis iguales. La islamización de los suburbios belgas o franceses no es lo mismo que la persecución del idioma español y su cultura en Cataluña. Claro. Coinciden ambos fenómenos, eso sí, en la desaparición del Estado, de la Seguridad y de la Libertad.