Los separatistas vascos, catalanes y gallegos no resisten un paseo por la historia, y los políticos de cualquier partido no resisten uno por las hemerotecas. Los llamados por los tontos de Madrid "nacionalistas moderados" de CiU y su portavoz La Vanguardia (como antes lo fue de Adolfo Suárez, del general Franco, de la República y de Alfonso XIII) afirmaron en 1989 que no querían autodeterminación y que les encantaba el Estatuto.
Las amenazas a la unidad de la nación española, confirmada en la Constitución, (aprobada mayoritariamente por los catalanes en 1978) no provienen de ahora. En 1989 una comisión del Parlamento catalán aprobó una declaración favorable a la autodeterminación, y en febrero de 1990 lo hizo el Parlamento vasco. La reacción del Gobierno español, presidido entonces por el socialista Felipe González y con mayoría absoluta, fue la misma que la de Mariano Rajoy, también con mayoría absoluta en las Cortes: palabrería.
El 12 de diciembre de 1989 los partidos nacionalistas catalanes, con el apoyo de los compañeros de viaje de la izquierda, aprobaron en una comisión del Parlamento regional una proposición no de ley que declaraba que Cataluña era una nación con derecho a constituirse en Estado independiente. La doblez de los nacionalistas se descubre en que para ellos el pacto constitucional, el reconocimiento de la nacionalidad y la concesión de una amplia autonomía no eran más que etapas obtenidas con engaños en el camino a su destino final.
Según esta proposición,
el acatamiento del marco constitucional vigente, resultado del proceso de transición política de la dictadura a la democracia, no significa la renuncia del pueblo catalán al derecho de autodeterminación nacional, tal como establecen los principios de los organismos internacionales y se deduce del preámbulo del Estatuto de Autonomía.
La proposición fue aprobada con los votos de CiU y ERC, más IC, el precedente de ICV (antiguos comunistas más ecologistas) y el CDS de Suárez. El PSC voto en contra y el PP retiró a sus representantes en la comisión.
El redactor de la proposición fue Josep Lluís Carod-Rovira, diputado de ERC, que dijo estar "entusiasmado" de que la Cámara catalana fuera sido "el primer Parlamento de Europa Occidental" en aprobar "una resolución así".
Protesta de 'La Vanguardia'
La proposición produjo irritación en los máximos dirigentes de CiU y en La Vanguardia. En un editorial del día 14, el periódico del conde de Godó criticó el texto.
El fondo de la cuestión es el uso de la palabra autodeterminación. (…) Así como en 1979 no se hablaba de nación catalana y sin embargo hoy se hace; hasta hoy, sólo grupos radicales hablaban de autodeterminación.
El viento del Báltico no parece sin embargo homologable con una democracia parlamentaria en la que el Parlament –que en los treinta sólo se eligió una vez– se ha elegido y reelegido libremente varias, sin que los partidos que han sacado más votos hayan hablado nunca de autodeterminación. Los ciudadanos se autodeterminaban pacíficamente en el marco de una democracia que para sí quisieran –y quieren– los países del Este. ¿Y qué fue el referéndum del Estatut, sino una forma solemne de autodeterminación en un momento históricamente propicio?
Unos días más tarde, Miquel Roca, secretario general de CDC, parte de CiU, declaró:
Para nosotros, autodeterminación quiere decir autonomía, aunque también es cierto que autodeterminación puede significar independencia, pero para nosotros está claro que autodeterminación no quiere decir independencia, porque nosotros queremos la autonomía y no la independencia.
Jordi Pujol se negó a pronunciarse. Los periodistas le preguntaron el 20 de diciembre en rueda de prensa por su opinión, y él contestó con su muletilla: "Aixo, avui no toca" ("Eso hoy no toca"). Como si en vez de un gobernante electo por ciudadanos que tienen derecho a saber fuese un dictador que sólo respondiese ante la historia.
A Josep Antoni Duran Lleida le molestó el debate: "Existe una voluntad mezquina y confusionista para presentar como equivalentes los términos de autodeterminación e independencia". Si su partido, Unió Democràtica, hubiese de ejercitar el derecho de autodeterminación,
no sería partidario de ninguna solución que rompiese el lazo de solidaridad con los restantes pueblos de España. Unió siempre se ha manifestado por una estructura federal y acepta el Estado de las autonomías como paso intermedio.
Sin embargo, otros cargos de CiU se mostraron tan entusiasmados como Carod-Rovira. Josep Miró, entonces consejero de Agricultura y ahora sorprendente activista católico, escribió en un artículo:
El Estado catalán es la única respuesta segura para nuestra continuidad como pueblo.
El PSOE, con la unidad de España
Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del Gobierno socialista, declaró rotundo que los catalanes, cuando votaron el Estatut, "decidieron mayoritariamente lo que querían en cuanto a la organización del Estado". Y añadió:
Mientras que los socialistas tengamos las responsabilidades que fueren en este país, no sólo no pasaremos por este tipo de planteamientos, que no son precisamente leales a la Constitución y al Estatuto, sino que combatiremos este tipo de pronunciamientos. Evidentemente, los demás son muy libres de plantear lo que quieran. (…) Aquellos que quieran poner en cuestión la unidad del Estado, no sólo se encontrarán junto a ellos al PSOE, sino que lo tendrán enfrente. Nuestra posición respecto a la unidad de España es muy firme.
En 2006 Guerra unió su voto al de los diputados del Congreso que aprobaron el nuevo Estatuto catalán.
En octubre de 1998 los nacionalistas moderados, aliados de nuevo con los extremistas de ERC y los compañeros de viaje de la izquierda, aprobaron en el pleno del Parlamento una resolución que volvía a proclamar el derecho de autodeterminación.
El Parlament de Cataluña, en el marco de la celebración del 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratifica una vez más el derecho del pueblo catalán a determinar libremente su futuro como pueblo, en paz, democracia y solidaridad.
Los socialistas se limitaron a abstenerse. Pasqual Maragall calificó el acuerdo de "brindis al sol". Según él, la resolución aprobada sólo era “una nueva reafirmación de un principio archisabido, que nosotros reconocemos [sic], pero que ahora no tiene valor añadido ni siquiera para los independentistas". Sólo votó en contra el PP, dirigido por Aleix Vidal-Quadras, que en las elecciones celebradas en 1995 había obtenido 420.000 votos y 17 parlamentarios.
Caretas al suelo
En los últimos años, Miquel Roca, abogado de la infanta Cristina, ha pasado a exigir la autodeterminación camuflada como derecho a decidir. Esto dijo en octubre de 2013:
No me digan que la consulta no puede ser constitucional, es imposible que alguien me diga que es inconstitucional. Es constitucional si hay voluntad política de hacerla constitucional (…) lo que estamos discutiendo es cómo se interpretan los valores que inspiran el orden convivencial.
Y Jordi Pujol, nombrado en 1984 por el ABC de Luis María Ansón Español del Año, dijo en 2012:
Si ahora hubiese un referéndum yo votaría independencia, no lo habría imaginado nunca (…) Si en Cataluña se consolida una mayoría potente que reclama un cambio en la situación, un cambio muy radical, pues hay que tenerlo en cuenta. La voluntad no puede ser ignorada por nada aunque haya una Constitución si hay una voluntad clara y entera, sin quiebras.
Como se ve, los nacionalistas moderados, herederos de Francesc Cambó (colaborador en el Alzamiento Nacional), se han quitado la careta. Pero no son los únicos que han cambiado sus posiciones
En el caso de los catalanistas burgueses podemos hablar de tacticismo. En el caso del PSOE, equidistante entre separatistas y separadores, ¿no estaremos ante una aceptación de las tesis de los enemigos de la unidad de España y la igualdad entre los españoles, porque la defensa de la Constitución es cavernícola?