En 1993 Italia celebró un referéndum para decidir si los partidos políticos debían dejar de financiarse con fondos públicos. El 90% de los votantes apoyó que así fuese. Pese a ello, el Gobierno ignoró su voluntad argumentando que el referéndum no había sido vinculante. Veinte años más tarde, Roma parece estar dispuesta a respetar la voluntad de los italianos. En función de ello, ha presentado un proyecto de ley que reduce escalonadamente la financiación pública de los partidos, de forma que en el primer año de su aplicación éstos recibirán un 40% menos de fondos públicos y en cuatro años ya no recibirán nada. El primer ministro Letta resumió las virtudes de la propuesta de la siguiente manera:
En el futuro, las formaciones tendrán que convencer a los ciudadanos para que les financien.
La clave de esta oración es el verbo convencer. La financiación pública implica, lo quiera o no lo quiera, el ciudadano financia a los partidos. Nadie le convence para hacerlo. Por ejemplo, cada voto en unas elecciones generales españolas implica que 0,50 euros de los impuestos del votante vayan a financiar al partido elegido (en el caso de las elecciones europeas es un euro). La virtud de la financiación privada es que es voluntaria y, como tal, depende de que el ciudadano decida rascarse el bolsillo para sostener a tal o cual partido.
En el mismo día en que el Gobierno italiano anunciaba esta iniciativa, el BOE publicaba la concesión de las subvenciones a los partidos políticos españoles para su funcionamiento y seguridad. En total, cerca de 14 millones de euros distribuidos entre los partidos en función de los resultados de las últimas elecciones generales. Son 14 millones al trimestre, por lo que el montante total anual de estas subvenciones es de cerca de 56 millones.
La financiación pública de los partidos implica que el dinero llega a sus cúpulas, y, a partir de ahí, se supone que debe ser distribuido hacia abajo, entre los distintos niveles regionales y locales. Evidentemente, el dinero tiene tendencia a quedarse en las cúpulas y prácticamente nada llega a los niveles locales.
Si su financiación fuese privada, sin embargo, una parte sustancial del dinero iría de abajo arriba, es decir, sería recaudado por las sedes locales gracias, en gran medida, a las cuotas de sus afiliados y enviado hacia la cúpula. El cambio de incentivos para los dirigentes de los partidos sería drástico. De repente, las cuentas del partido dependerían de mimar a los afiliados, lo que obligaría a altos responsables nacionales y regionales a ir a las sedes a pedir dinero. Y al hacerlo se encontrarían con la novedosa situación de tener que explicar el destino del dinero solicitado. La gente que, voluntariamente, da su dinero a una asociación tiene tendencia a querer saber en qué se piensa gastar su dinero.
De esta manera, sería impensable que el PP hubiese estado pagando sueldos durante décadas a sus responsables sin que se supiese ni su existencia ni, claro está, su cuantía. Los dirigentes del PP que han declarado ante la justicia hasta ahora a cuenta de sus sueldos han afirmado que declararon estos ingresos a Hacienda. Siendo así, no hay delito alguno. Pero lo que sí que ha habido es una opacidad y un secretismo incompatibles con una mínima rendición de cuentas dentro del partido. Es francamente decepcionante que los afiliados del PP se hayan tenido que enterar de esta práctica por una investigación judicial.
Por ello, sería muy conveniente que España siguiese la senda de Italia y pusiese en marcha una ley para acabar con la financiación pública de los partidos de forma escalonada (el PP, por ejemplo, se nutre en un 95% de fondos públicos; sería imposible que se pudiese financiar de manera privada de un día para otro).
Entre tanto, y mientras los ingresos de los partidos sean públicos, habría que avanzar en la transparencia interna de sus cuentas. No basta con cumplir estrictamente con el precepto legal de someter las cuentas a la auditoría del Tribunal de Cuentas; el retraso de cinco años en la elaboración de sus informes significa, en la práctica, que cualquier irregularidad detectada suele haber prescrito.
Por ello, el PP y demás partidos deberían presentar sus cuentas detalladas para su aprobación a sus órganos internos (en el caso del PP, comités ejecutivos y juntas directivas). La iniciativa debería partir de sus órganos nacionales y ser replicada –en la medida de lo posible, dado que los PP regionales no tienen personalidad jurídica propia– por sus demás niveles.