El rescate de la aerolínea Plus Ultra fue aprobado en Consejo de Ministros en marzo de 2021. Su ayuda se elevó a 53 millones de euros pese a que la compañía tenía un solo avión operativo y representaba el 0,03% de los vuelos nacionales. Pese a ello fue calificada de empresa estratégica para España y con ese argumento se decidió darle la ayuda multimillonaria. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea diminuta, con muy escasos vuelos, muy centrados en Venezuela y que sus cuentas acumulaban pérdidas de más de 13 millones en cinco años. Uno de los partidos, el PP, dio un paso más: pidió ayuda a la UE para realizar una auditoría externa de forma que se comprobasen los argumentos de Pedro Sánchez. Pues bien, Pedro Sánchez lo bloqueó de forma instantánea por medio del Congreso de los Diputados.
Ahora sabemos que la UCO ha encontrado en el móvil de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ambos en prisión en la cárcel de Soto del Real, evidencias de una reunión del 7 de septiembre de 2020 del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con José Luis Escrivá y el expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. El objetivo de la reunión era el de impulsar el rescate de Plus Ultra. También sabemos que la empresa de las hijas de Zapatero mantiene relación contractual con Julio Martínez —de Plus Ultra— y considerado como un testaferro de Zapatero. Y sabemos que Zapatero ya impulsó en 2017 un rescate con dinero chavista para la aerolínea y por medio de un crédito participativo de 6,4 millones de euros.
Pues bien, con ese contexto, resulta que, en plena polémica por el rescate entregado a la aerolínea Plus Ultra y tras el rotundo dictamen del Consejo de Estado que exigió más controles en el reparto de los fondos europeos contra el Covid, Pedro Sánchez se negó a que un auditor externo garantizase la correcta asignación de las ayudas comunitarias contra la pandemia. La iniciativa partió del PP. Y la respuesta del PSOE en el Congreso fue un rotundo portazo.
La responsable de tramitar la iniciativa fue la portavoz ‘popular’ en la Cámara Baja en aquel momento, Cuca Gamarra. Y tramitó la petición al Grupo Socialista. Gamarra explicó por escrito que el Gobierno de Pedro Sánchez se había negado a ese control externo del reparto de los fondos europeos porque, según el criterio del PSOE, "la aprobación de la Proposición de ley es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado en vigor un aumento de los créditos presupuestarios".
El PP señaló que "no estando conformes con el criterio del Gobierno y el consiguiente acuerdo de la Mesa es por lo que solicitamos reconsideración del mismo", dado que en el propio informe del Gobierno para vetar la Proposición de ley en base al artículo 134.6 de la CE, no se afirma expresamente que su aprobación suponga un aumento de los créditos, sino que «es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado en vigor un aumento de los créditos presupuestarios». Susceptible, término jurídico indeterminado que encierra un criterio subjetivo y, por tanto, arbitrario".
El PP dio más argumentos sobre la falsedad de la justificación dada por el PSOE y de que ese control pudiera suponer un gasto en vez de un ahorro: "No es cierto que suponga un incremento en el Capítulo 1" porque, como establece el artículo 12 de la Proposición de ley, que sin justificación jurídica sólida, sino con ánimo netamente político y torticero, el propio Gobierno admite que «el nuevo órgano no tiene por qué generar costes de personal», ya que «el centro directivo del Ministerio de Hacienda con competencia en materia de fondos europeos se incorporará en bloque, con todos sus efectivos y medios materiales, a la estructura de la Autoridad Independiente para la Recuperación Económica», pero antepone una apreciación muy subjetiva, «dando a entender que el nuevo órgano no tiene por qué generar costes".
De hecho, desde el PP solicitaron a la Mesa de la Cámara "la reconsideración del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados con fecha 20 de abril de 2021, por el que se acuerda que no procede la toma en consideración por el Pleno de la Proposición de Ley relativa a la creación de la Autoridad Independiente de Recuperación Económica y la mejora de la gobernanza de los Fondos Europeos de Recuperación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ya que no se produce impacto presupuestario alguno, tratándose de una clara decisión arbitraria del Gobierno que no se ajusta al artículo 134.6 de la Constitución, sino a los habituales modos de restringir la iniciativa legislativa de los grupos de la oposición".