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Ávila pide el retorno de los documentos del Archivo Catedralicio

El teniente alcalde de Ávila, Félix Olmedo, respaldó este jueves la resolución adoptada el miércoles por el Procurador del Común en Castilla y León, Manuel García Alvarez, que instó a la Junta a iniciar negociaciones con el Ministerio de Cultura para el retorno de los fondos documentales del Archivo Catedralicio de Ávila. Se trata de legajos, códices, pergaminos y fondos bibliográficos, que fueron incautados durante la desamortización de 1869 y que permanecen en el Archivo Histórico Nacional y en la Biblioteca Nacional.

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El teniente alcalde de Ávila, Félix Olmedo, respaldó este jueves la resolución adoptada el miércoles por el Procurador del Común en Castilla y León, Manuel García Alvarez, que instó a la Junta a iniciar negociaciones con el Ministerio de Cultura para el retorno de los fondos documentales del Archivo Catedralicio de Ávila. Se trata de legajos, códices, pergaminos y fondos bibliográficos, que fueron incautados durante la desamortización de 1869 y que permanecen en el Archivo Histórico Nacional y en la Biblioteca Nacional.
Catedral de Avila.
L D (EFE) Olmedo, en funciones como alcalde debido a un viaje del regidor, defendió esta postura en rueda de prensa, por entender que se trata de "un legado que pertenece a los ciudadanos abulenses" y que "deben estar en el sitio que les corresponde".

Esta resolución del Procurador del Común se produce después de que el canónigo archivero, Justo García, anunciara recientemente la posibilidad de que el Cabildo Catedralicio recurriera a la vía judicial para reclamar los miles de documentos que permanecen tanto en el Archivo Histórico como en la Biblioteca Nacional, entre ellos la Biblia de Ávila, del siglo XII.
 
Por otra parte, la vicepresidenta primera de Castilla y León, María Jesús Ruiz, reclamó este jueves al Ministerio de Cultura el informe íntegro de la Abogacía del Estado sobre el procedimiento para una posible salida de papeles del Archivo de Salamanca, que avala la postura adoptada por esta Comunidad en el contencioso. Ruiz sostuvo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno regional, que de las cinco conclusiones de este informe de fecha 17 de junio se deduce "perfectamente que, como ha sostenido la Junta, la decisión de la salida de los papeles es una cuestión política que no tiene que ver con ninguna posible justificación técnica".

Además, a su juicio, "desbarata perfectamente la pretensión de legitimidad que tiene la Generalidad de Cataluña", al recoger que "no hay más propietario que el Estado". También secunda las consideraciones de la Junta de que "no se podía hacer aleatoriamente a las bravas y sin ningún tipo de soporte jurídico, como señala el Abogado del Estado".

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