Las posibles indemnizaciones que se manejaban desde el Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha eran de unos 120.000 euros para cada familia además de un documento en el que la Junta pedía perdón por los errores cometidos en el proceso y el trato dado a las víctimas.
En este sentido, a través de unos mediadores, José María Barreda negoció indemnizar a ocho de las once familias de las víctimas para evitar llegar al juicio en el que varios técnicos y responsables de la Junta se enfrentan a penas de hasta siete años de cárcel.
Para ello, actuó como enlace un cargo provincial del PSOE de Guadalajara, cuyo objetivo era llegar a un acuerdo extra judicial. Las familias reconocieron que hubo una negociación pero fueron éstas las que finalmente rechazaron la indemnización.
Sin embargo, un portavoz de la Junta asegura que la propuesta llegó del abogado que representa a algunas de las familias de las víctimas, José Miguel Solano, y que el Ejecutivo aceptó negociar "siempre que estuvieran conformes todos los técnicos imputados y todas las familias, con el objetivo de que dejarán de sufrir ambas partes".
Pero el portavoz de las familias ofrece otra versión e indicó que la iniciativa fue conjunta entre él y el político socialista, gracias a un encuentro casual.
El acuerdo de las indemnizaciones se rompió debido a que la Junta mantenía su iniciativa de indemnizar a las familias con 120.000 euros pero sin incluir en el documento en el cual la Junta debía pedir perdón por los errores cometidos.
Por ahí, las familias no pasaron y prefirieron mantener su dignidad antes que recibir una cantidad importante de dinero. "Lo que tenemos claro es que nadie que no es responsable paga, y ellos estaban dispuestos a pagar", sentenció un portavoz de la asociación que agrupa a la mayoría de las familias.