L D (EFE)
A pesar de las críticas de electoralismo con las que ha sido recibido el anuncio de reforma, José María Aznar defendió este martes el proyecto; la inmigración, dijo, es una cuestión de solidaridad y de enriquecimiento del país, pero hay que darse cuenta de que la capacidad de acogida es limitada y que es necesario respetar la ley para evitar la inmigración ilegal que lleva a la marginación y a la delincuencia.
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ofreció la disposición de su partido a dialogar en torno a la reforma "si es razonable" y advirtió al jefe del Ejecutivo de que si rechaza esa oferta la ley será "el cuarto fracaso" del Gobierno en esta materia.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, puso como "condición sine qua non" para apoyar la reforma que el Gobierno ceda competencias al ejecutivo catalán en materia de inmigración, y el presidente canario, Román Rodríguez, tras criticar la falta de negociación, reclamó también que las Comunidades gestionen los cupos de inmigrantes.
Acusaciones de electoralismo
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, consideró que el único interés de la reforma es "agitar las aguas del odio y del racismo por mero interés electoral". En el mismo sentido el secretario general de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, consideró "una inmoralidad absoluta" que se utilice la inmigración "como un elemento estrictamente electoralista" y SOS Racismo denunció el "uso electoral" y la "alarma social" provocada.
CC.OO. auguro que la nueva reforma, un recurso "para aparentar que se hace algo y encubrir un fracaso", no promoverá la integración de los inmigrantes legales, mientras que los sindicatos USO y CGT alertaron de la posible restricción de derechos.
Frente a las críticas, el vicesecretario general del PP Jaime Mayor Oreja, opinó que el Gobierno "acertó" en la orientación de la inmigración a la hora de elaborar la actual Ley y consideró que el PSOE "no tiene ninguna fuerza moral" para hablar de esta materia.
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ofreció la disposición de su partido a dialogar en torno a la reforma "si es razonable" y advirtió al jefe del Ejecutivo de que si rechaza esa oferta la ley será "el cuarto fracaso" del Gobierno en esta materia.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, puso como "condición sine qua non" para apoyar la reforma que el Gobierno ceda competencias al ejecutivo catalán en materia de inmigración, y el presidente canario, Román Rodríguez, tras criticar la falta de negociación, reclamó también que las Comunidades gestionen los cupos de inmigrantes.
Acusaciones de electoralismo
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, consideró que el único interés de la reforma es "agitar las aguas del odio y del racismo por mero interés electoral". En el mismo sentido el secretario general de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, consideró "una inmoralidad absoluta" que se utilice la inmigración "como un elemento estrictamente electoralista" y SOS Racismo denunció el "uso electoral" y la "alarma social" provocada.
CC.OO. auguro que la nueva reforma, un recurso "para aparentar que se hace algo y encubrir un fracaso", no promoverá la integración de los inmigrantes legales, mientras que los sindicatos USO y CGT alertaron de la posible restricción de derechos.
Frente a las críticas, el vicesecretario general del PP Jaime Mayor Oreja, opinó que el Gobierno "acertó" en la orientación de la inmigración a la hora de elaborar la actual Ley y consideró que el PSOE "no tiene ninguna fuerza moral" para hablar de esta materia.