El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este miércoles admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que más de cincuenta diputados del PP interpusieron el pasado 1 de junio contra la ley del aborto libre aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En una providencia hecha pública este mediodía, el Constitucional da traslado a las partes para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso. Además, el Alto Tribunal establece al mismo tiempo que se oiga al Ejecutivo, al Congreso y al Senado para que, en el plazo de tres días, formulen sus alegaciones a la petición del PP sobre la suspensión cautelar de la norma. La polémica ley entra en vigor el próximo 5 de julio.
En el recurso de PP se solicita al TC que suspenda la entrada en vigor de los ocho preceptos recurridos hasta que el tribunal decida si la norma es o no constitucional. Si el tribunal estima esta medida la suspensión cautelar se prolongaría hasta que haya sentencia, lo que podría implicar años.
Por su parte, los populares toman como "punto de partida y marco de referencia” de su recurso la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, en la que se estable la obligación del Estado de proteger la vida humana en formación.
La nueva ley de interrupción del embarazo sitúa la mayoría de edad para abortar en los 16 años, permite que éste sea libre dentro de las primeras catorce semanas de gestación, a petición de la embarazada. Además, establece que podrá interrumpirse el período de gestación hasta las 22 semanas si existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o graves anomalías en el feto.
Por otro lado, la normativa señala que al menos uno de los padres o tutores legales de las chicas de 16 y 17 años deberá ser informado de su decisión de abortar, salvo cuando este hecho le produzca un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos. La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma.
El Congreso no presentará alegaciones; el Gobierno, sí
El Congreso de los Diputados no tiene intención de presentar alegaciones ante el Tribunal Constitucional, ni a la petición del PP de suspender la ley hasta que se produzca el fallo, ni al propio contenido de la impugnación, según informaron a Europa Press fuentes de la Mesa del Congreso.
Según señalaron las mismas fuentes, la Mesa del Congreso seguirá el procedimiento habitual en este tipo de situaciones: la Cámara se dará por enterada y enviará al TC una respuesta estándar, generada automáticamente, y en la que se explica que no ha lugar a apelaciones por su parte.
En cualquier caso, han aclarado que el Congreso no entra en el contenido del recurso, sino que se limita a analizar si hay o no errores formales en la tramitación. Lo máximo que pueden hacer, según reconocen, es remitir al Alto Tribunal los distintos debates celebrados en el Congreso sobre aborto, por si fuera de interés para sus deliberaciones.
No obstante, el Gobierno sí presentará alegaciones y lo hará mediante la Abogacía del Estado, responsable de este tipo de cuestiones, ya que según informaron fuentes oficiales a Europa Press, el Ejecutivo está "convencido de la constitucionalidad de la ley" y así lo defenderá frente al Alto Tribunal.
La norma, que entrará en vigor el día 5 de julio, estará por tanto vigente cuando termine el plazo de alegaciones para la suspensión cautelar, un total de tres días hábiles a partir del momento de la notificación.