LD (EFE)
Las diligencias han llegado a la Audiencia Nacional después de que, el pasado 19 de febrero, la titular del Juzgado número 34 de Madrid, Coro Monreal, acordara inhibirse en favor de este tribunal al estimar que es el órgano competente para investigar el caso. En un auto notificado en esa fecha, la magistrada explicaba que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) consideraba competente a la Audiencia Nacional "en las defraudaciones que produzcan o puedan producir perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".
La juez señalaba también en su escrito que CPV tiene promociones inmobiliarias en otras provincias, además de las de Madrid y Toledo, como en Alicante, Segovia y Guadalajara. Una vez recibida la causa, y antes de practicar ninguna diligencia, Garzón ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que emita un informe en el que dé su opinión sobre si este tribunal es efectivamente competente para investigar el caso.
Los imputados en este caso son los administradores de CPV, los hermanos Miguel Angel y Francisco Javier García Sánchez y Miguel Angel Morillo del Pozo, así como el director general de la promotora, Francisco García Moreno. Los cuatro se encuentran en libertad provisional sin fianza desde el pasado 20 de diciembre, después de que ingresaran en prisión en noviembre de 2002 tras estafar a más de mil familias que habían pagado ya parte de su vivienda en los nuevos barrios del norte de Madrid.
La juez señalaba también en su escrito que CPV tiene promociones inmobiliarias en otras provincias, además de las de Madrid y Toledo, como en Alicante, Segovia y Guadalajara. Una vez recibida la causa, y antes de practicar ninguna diligencia, Garzón ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que emita un informe en el que dé su opinión sobre si este tribunal es efectivamente competente para investigar el caso.
Los imputados en este caso son los administradores de CPV, los hermanos Miguel Angel y Francisco Javier García Sánchez y Miguel Angel Morillo del Pozo, así como el director general de la promotora, Francisco García Moreno. Los cuatro se encuentran en libertad provisional sin fianza desde el pasado 20 de diciembre, después de que ingresaran en prisión en noviembre de 2002 tras estafar a más de mil familias que habían pagado ya parte de su vivienda en los nuevos barrios del norte de Madrid.