El decreto de la Fiscalía de Cádiz ha resuelto en contra de los intereses del PP ante la denuncia que interpuso esta formación a finales de septiembre de 2008 contra el equipo de gobierno socialista sobre el archivo de 1.717 expedientes urbanísticos entre los años 2003 y 2006, ambos inclusives.
La Fiscalía dice no haber detectado en la investigación policial "que existieran directrices por parte de los denunciados para que los expedientes se dejaran caducar ni de trato de favor en ninguno de los casos citados por los denunciantes". Eso sí, expresa que la situación de la Gerencia de Urbanismo de Chiclana durante los referidos años "distaba mucho de poder ser considerada como satisfactoria, adoleciendo de una pertinaz carencia de medios materiales y personales que impedían el ejercicio de las facultades de disciplina urbanística".
Sin embargo, de aplicarse el criterio de Ángel Núñez, Fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo, en el ámbito urbanístico la prevaricación no se deriva solamente de la concesión de licencias ilegales o la emisión de informes conscientemente contrarios a las normas urbanísticas, sino que es consecuencia también de la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística.
En este sentido, los alcaldes socialistas que gobernaron Chiclana desde 1983 podrían ser acusados de dicho delito habida cuenta que en sus mandatos las viviendas ilegales han llegado ser 40.000. Muy especialmente podría serlo el último de ellos, José María Román, porque bajo su etapa de gobierno se vieron "olvidados" nada menos que 1.707 expedientes de irregularidades urbanísticas. Sin embargo, la fiscalía de Cádiz no ha abierto en todo ese período una investigación especial sobre el caso Chiclana a pesar de las similitudes con el caso Astapa de Estepona.
Aunque parezca increíble, lo que dice la Fiscal de Cádiz, Patricia Navarro García, es lo que sigue:
El PP denunció en 2008 la situación ante la Fiscalía. Según el texto de aquella denuncia, siete concejales del equipo de gobierno de coalición que gobierna Chiclana desde 2007, habían denunciado estos hechos de los que hacen responsables concretos a los Alcaldes-Presidentes del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera en la época en que ocurren los hechos, fueron Manuel Jiménez Barrios y José María Román Guerrero , pertenecientes al PSOE."De manera que, sin perjuicio de lo absolutamente censurable de una situación que efectivamente ha ocasionado, como sostienen los denunciantes, una extensión de la situación de impunidad con los infracciones urbanísticas y probablemente haya actuado como efecto llamada, los hechos descritos -que se adscriben o la esfera de lo negligente y, por tanto, de la imprudencia- no son susceptibles de ser subsumidos en los tipos peroles de prevaricación de los artículos 320 y 404 del Código Penal."
Igualmente se señala a los Concejales-Delegados de Urbanismo y vicepresidentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que fueron Juan Jesús Jiménez Martín y Joaquín Muriano Ayán, asimismo pertenecientes al PSOE. Finalmente, se acusa a los Concejales-Delegados de Economía y Hacienda, Joaquín Muriano Ayán y Manuela de Jesús Moreno Gómez, también pertenecientes al PSOE.
Los 1717 expedientes fueron incoados entre 2003 y 2006 según el desglose anual siguiente:
AÑO NÚMERO EXPEDIENTES
2003 399
2004 428
2005 435
2006 455
Del total de expedientes sancionadores incoados, únicamente fueron comunicadas al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Chiclana un total de quince sanciones, correspondiendo una al año 2005, y catorce al año 2.006. En los años 2.003 y 2.004, con 110, no se envió al cobro ninguna sanción en materia urbanística.
De las quince sanciones urbanísticas puestas al cobro tan solo fueron cobradas diez, todas correspondientes al año 2006, y fueron datadas dos de las sanciones urbanísticas impuestas.
En la denuncia de los concejales del PP se recuerda que fue un hecho similar el que determinó la Operación Astapa en Estepona. También allí, bajo el mandado del socialista Antonio Barrientos, tuvo lugar presuntamente "el archivo masivo de infracciones urbanísticas, incluso en menor número que los datos que se aportan de Chiclana de la Frontera”.
José María Román Guerrero, otra vez alcalde socialista de Chiclana, se negó en cinco ocasiones a facilitar al PP la información de los expedientes archivados. Por ello, la concejala popular María Teresa Ruiz Sillero interpuso el 27 de febrero de 2007 un recurso especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona por la negativa del alcalde a suministrar dicha información. Por aquella información obtenida por sentencia judicial, se supo que la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana abrió 1.717 expedientes por infracciones urbanísticas en cuatro años, (2.003 a 2.006) y se procedió al archivo masivo de 1.702 de ellos.
Ahora la Fiscalía de Cádiz niega que existieran directrices por parte de los denunciados para que los expedientes se dejaran caducar ni de trato de favor en ninguno de los casos citados por los denunciantes" y se apoya en la falta de medios del Ayuntamiento para ejercer las facultades de disciplina urbanística propias.