L D (EFE)
La madre y hermana de dos de las víctimas que murieron en el incendio, Jaduy Ahegan, de 52 años, explicó en conferencia de prensa que su familia no se ha personado en el caso porque "no tenemos recursos ni conocemos las leyes de este país", por lo que agradeció el apoyo y ayuda recibida por parte de distintas organizaciones sindicales, políticas y sociales para esclarecer los hechos.
"El único delito que cometieron mi hijo y mi hermano fue el de venir a España para ganar un trozo de pan que poder dar a su familia", señaló Ahegan emocionada, al mismo tiempo que negó que ambos tuvieran algún tipo de implicación con las mafias marroquíes de inmigrantes o de drogas, como se ha comentado.
Ahmed Farid, de 34 años, y Ahmed de Karin, de 29, hermano e hijo de Juday Ahegan, respectivamente, procedían de una familia pobre de pescadores instalada en Martil, una pequeña ciudad situada en el Norte de Marruecos. Además, agradeció la labor que está llevando a cabo la Confederación General del Trabajo (CGT) en este caso al haber anunciado que se querellará por negligencia contra el subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, y contra el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, en el caso de que la Fiscalía decida no continuar con la investigación.
La asociación Andalucía Acoge, que ejerce la acusación particular en el caso, presentó un recurso contra la decisión judicial de Antonio Vicente Fernández, juez sustituto del Juzgado número 9 de Málaga, de archivar las diligencias por considerar que el incendio fue "imprevisible" y originado por dos de los fallecidos, A.A. y M.K.A.G., por lo que "ninguna responsabilidad penal puede alcanzar al Cuerpo Nacional de Policía en sus agentes".
El secretario de Emigración de CGT-Andalucía, Marcos García, explicó que este sindicato se personará en todas las actuaciones que se lleven a cabo en relación con este asunto, y anunció que exigirán al Gobierno las indemnizaciones correspondientes a los familiares de los siete fallecidos. Esta organización sindical ha convocado, junto a otras asociaciones españolas y marroquíes, una concentración de protesta en las puertas de la Comisaría Provincial de Málaga en señal de protesta por la muerte de los siete inmigrantes. A consecuencia del incendio fallecieron siete de los diecisiete inmigrantes que se encontraban en una celda a la espera de su repatriación tras haber sido interceptados en una patera, mientras que otro continúa ingresado en el Hospital regional Carlos Haya de Málaga.
"El único delito que cometieron mi hijo y mi hermano fue el de venir a España para ganar un trozo de pan que poder dar a su familia", señaló Ahegan emocionada, al mismo tiempo que negó que ambos tuvieran algún tipo de implicación con las mafias marroquíes de inmigrantes o de drogas, como se ha comentado.
Ahmed Farid, de 34 años, y Ahmed de Karin, de 29, hermano e hijo de Juday Ahegan, respectivamente, procedían de una familia pobre de pescadores instalada en Martil, una pequeña ciudad situada en el Norte de Marruecos. Además, agradeció la labor que está llevando a cabo la Confederación General del Trabajo (CGT) en este caso al haber anunciado que se querellará por negligencia contra el subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, y contra el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, en el caso de que la Fiscalía decida no continuar con la investigación.
La asociación Andalucía Acoge, que ejerce la acusación particular en el caso, presentó un recurso contra la decisión judicial de Antonio Vicente Fernández, juez sustituto del Juzgado número 9 de Málaga, de archivar las diligencias por considerar que el incendio fue "imprevisible" y originado por dos de los fallecidos, A.A. y M.K.A.G., por lo que "ninguna responsabilidad penal puede alcanzar al Cuerpo Nacional de Policía en sus agentes".
El secretario de Emigración de CGT-Andalucía, Marcos García, explicó que este sindicato se personará en todas las actuaciones que se lleven a cabo en relación con este asunto, y anunció que exigirán al Gobierno las indemnizaciones correspondientes a los familiares de los siete fallecidos. Esta organización sindical ha convocado, junto a otras asociaciones españolas y marroquíes, una concentración de protesta en las puertas de la Comisaría Provincial de Málaga en señal de protesta por la muerte de los siete inmigrantes. A consecuencia del incendio fallecieron siete de los diecisiete inmigrantes que se encontraban en una celda a la espera de su repatriación tras haber sido interceptados en una patera, mientras que otro continúa ingresado en el Hospital regional Carlos Haya de Málaga.
