L D (EFE)
A principios de abril, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga revocó el archivo del caso dictado por el Juzgado de Instrucción número 9 y dictó un nuevo auto por el que se obligaba a reabrir la investigación por la muerte de los siete inmigrantes el 27 de diciembre de 2002. Las acusaciones piden que se determine la posible imprudencia "grave o leve" de los mandos policiales en cuanto a las medidas de prevención de incendios.
Sobre este asunto, el perito destacó durante su declaración que "era obligatorio la existencia de luces de emergencias y en la Comisaría no funcionaba este sistema". También incidió en el retraso del aviso a los bomberos, "que se vio afectado por la falta del dispositivo de accionamiento directo de aviso, que debe existir en la legislación de materia de protección contra incendios o bien que conecte con un sitio que esté vigilado permanentemente".
Además, el perito, acreditado por la Dirección General de la Policía como experto en seguridad contra incendios, apuntó que antes del siniestro, en marzo de 2001, ya elaboró un informe advirtiendo de los peligros, porque se detectó una mala ventilación en el sótano "que podía avivar un fuego", por lo que aconsejó la adopción de medidas que paliaran estos efectos.
Según el experto, en las dependencias policiales existía un manual de instrucción, donde se explicaba cómo funcionaba la central de alarmas, así como los sistemas de extinción automáticos, pero que "carecían de manual de evacuación", aunque todas los normativas exigen que debe haber un plan de evacuación, donde deben estar previsto los simulacros y la obligación del jefe de la unidad administrativa de impartir estos planes.
En el incendio hubo catorce heridos, que estaban en las celdas a la espera de ser repatriados tras ser detenidos al llegar en una patera a una playa de Nerja (Málaga), siete fallecieron en días posteriores y uno permanece hospitalizado en el Hospital Carlos Haya de Málaga.
Según la versión policial, Ahmed Ahagan, presunto cabecilla de una red de tráfico de inmigrantes, prendió fuego a dos colchonetas para evitar la expulsión e impidió la salida de sus compañeros de celda. El ministro de Interior, Angel Acebes, rechazó desde el primer momento responsabilidad de la policía en el suceso y mantuvo que los únicos responsables de las muertes eran integrantes de la mafia que, según dijo, mantenía bajo amenaza al grupo de inmigrantes aún dentro de los calabozos.
Sobre este asunto, el perito destacó durante su declaración que "era obligatorio la existencia de luces de emergencias y en la Comisaría no funcionaba este sistema". También incidió en el retraso del aviso a los bomberos, "que se vio afectado por la falta del dispositivo de accionamiento directo de aviso, que debe existir en la legislación de materia de protección contra incendios o bien que conecte con un sitio que esté vigilado permanentemente".
Además, el perito, acreditado por la Dirección General de la Policía como experto en seguridad contra incendios, apuntó que antes del siniestro, en marzo de 2001, ya elaboró un informe advirtiendo de los peligros, porque se detectó una mala ventilación en el sótano "que podía avivar un fuego", por lo que aconsejó la adopción de medidas que paliaran estos efectos.
Según el experto, en las dependencias policiales existía un manual de instrucción, donde se explicaba cómo funcionaba la central de alarmas, así como los sistemas de extinción automáticos, pero que "carecían de manual de evacuación", aunque todas los normativas exigen que debe haber un plan de evacuación, donde deben estar previsto los simulacros y la obligación del jefe de la unidad administrativa de impartir estos planes.
En el incendio hubo catorce heridos, que estaban en las celdas a la espera de ser repatriados tras ser detenidos al llegar en una patera a una playa de Nerja (Málaga), siete fallecieron en días posteriores y uno permanece hospitalizado en el Hospital Carlos Haya de Málaga.
Según la versión policial, Ahmed Ahagan, presunto cabecilla de una red de tráfico de inmigrantes, prendió fuego a dos colchonetas para evitar la expulsión e impidió la salida de sus compañeros de celda. El ministro de Interior, Angel Acebes, rechazó desde el primer momento responsabilidad de la policía en el suceso y mantuvo que los únicos responsables de las muertes eran integrantes de la mafia que, según dijo, mantenía bajo amenaza al grupo de inmigrantes aún dentro de los calabozos.