Un tribunal del condado de Butler (Kansas, Estados Unidos) ha condenado a Crystina Elizabeth Schroer, de 50 años, a más de 17 años de prisión por la muerte de su hija adoptiva, Kennedy Schroer, de seis años. La menor fue encontrada enterrada en el jardín de la vivienda familiar en septiembre de 2024, tras haber permanecido desaparecida durante casi cuatro años. La resolución judicial pone fin a una investigación prolongada que involucró a diversas agencias federales y estatales.
Schroer se declaró "no contest", una figura equivalente a admitir los hechos sin oponerse formalmente, por los delitos de homicidio en segundo grado, abuso infantil, falsificación y fraude en la asistencia social. En un inicio, la fiscalía la acusaba de asesinato en primer grado, pero el acuerdo judicial alcanzado permitió reducir la calificación penal. Su marido, Joseph Schroer, de 53 años, será sentenciado el próximo 3 de diciembre por poner en peligro a un menor y otros cargos relacionados con el encubrimiento de la muerte de la niña.
Ocultó el cadáver
Según la declaración jurada de arresto, los hechos ocurrieron a finales de 2020. Crystina Schroer obligó a Kennedy a introducirse en una caja de plástico como castigo por haberse movido durante la noche. Después colocó mantas y una cuna encima del contenedor, bloqueando la entrada de aire. Cuando regresó horas más tarde, encontró a la menor sin pulso y con signos de asfixia.
La mujer intentó reanimarla sin éxito y enterró el cuerpo en una tumba de unos 60 centímetros de profundidad en el jardín trasero de su casa. Posteriormente aseguró a familiares y conocidos que el Estado había retirado la custodia de la niña por supuestos problemas de comportamiento, una versión que mantuvo durante años.
La investigación comenzó en septiembre de 2024, cuando la policía acudió al domicilio de los Schroer tras un intento de suicidio de Crystina. Durante la intervención, la mujer manifestó a los agentes que "su vida había terminado y que nadie la vería igual", lo que llevó a las autoridades a registrar la vivienda.
Al día siguiente, tras despejar la densa vegetación del jardín y con la ayuda de perros rastreadores de cadáveres, los agentes localizaron una bolsa con restos humanos enterrada a poca profundidad. Una prueba de ADN confirmó que se trataba de Kennedy Schroer, nacida como Natalie García el 14 de julio de 2014.
Un patrón de castigos y engaños prolongados
Los investigadores determinaron que la niña murió por sofocación y que su fallecimiento fue un homicidio. Una de las hijas del matrimonio declaró que su madre solía obligar a los niños a dormir dentro de contenedores de almacenamiento si se movían durante la noche. La noche de la muerte de Kennedy, la menor habría hecho ruido, lo que llevó a la madre a regresar al cuarto y sellar la caja con más peso encima. Cuando la mujer volvió, la niña ya no respondía.
Según los informes policiales, Crystina Schroer comunicó a su entorno que la niña había sido retirada por los servicios sociales, mientras que ella y su marido siguieron recibiendo pagos de Medicaid por unos 23.000 dólares (alrededor de 21.300 euros) después de la muerte de Kennedy. Los fondos, destinados a la manutención de la menor, se cobraron durante varios años sin que las autoridades detectaran el fraude.
Una investigación con apoyo federal
El jefe de policía de Rose Hill, Taylor Parlier, explicó que el caso requirió una investigación extensa y coordinada entre distintas agencias, incluyendo el FBI, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Unidad de Niños Explotados y Desaparecidos de Wichita.
"Este caso se construyó mediante el desarrollo de líneas de tiempo que abarcan más de cuatro años, lo cual es la principal razón de la duración de la investigación", señaló el Departamento de Policía de Rose Hill en un comunicado. Según las autoridades, se dedicaron más de 2.000 horas de trabajo a reconstruir los hechos y a recabar pruebas.
Los cinco hijos del matrimonio, tres biológicos y dos adoptivos, permanecen bajo custodia estatal desde el hallazgo del cuerpo. Los investigadores han subrayado que ninguno de ellos corre actualmente peligro y que se encuentran bajo supervisión de los servicios sociales de Kansas.