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Ley de Dependencia

Andalucía encabeza las sospechas de fraude a la Ley de Dependencia

Ya publicamos en Libertad Digital hace 10 días que algo olía raro en la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía y en Navarra porque presentan casi el doble de solicitudes de dependencia que la media nacional. Pues bien, según Antonio Sanz, secretario general del PP andaluz, lo que puede estar en marcha es un fraude encubierto en la aplicación de la Ley de Dependencia. Dicho en cristiano, un PER encubierto para familiares de dependientes que la ley considera ayudas excepcionales.

Cien residencias de mayores cerrarán en Andalucía por las exigencias de la Junta

La Federación Andaluza de Centros y Servicios de Mayores (Facema) ha alertado de que numerosas residencias de mayores tendrán que cerrar próximamente si la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves  "no flexibiliza" los requisitos para la acreditación de estos centros fijados por la Ley de la Dependencia en Andalucía. El presidente de Facema, Antonio Gallardo, explicó que entre unas 90 y 100 residencias de mayores pequeñas y medianas "se verán abocadas al cierre" porque la orden por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros en situación de dependencia establece unas exigencias "demasiado duras, muy por encima de las de otras comunidades autónomas".

La aplicación de la ley de dependencia naufraga en Andalucía

La aplicación de la ley de Dependencia está naufragando en Andalucía originando diferencias respecto a otras Comunidades Autónomas, según un informe del Partido Popular andaluz.  La carencia de recursos económicos y humanos es manifiesta. Faltan plazas residenciales sin que la Junta adopte medidas que subsanen este problema. Además, los Ayuntamientos, piezas claves de la aplicación de la ley carecen de recursos para aplicarla por negligencia de la Junta de Andalucía. Por si fuera poco, el Gobierno andaluz ha fijado un precio de 13 euros/hora para el colectivo de trabajadores de ayuda a domicilio, no solo insuficiente -no llegarían de ese modo a los 600 euros mensuales -, sino que es inadecuado a la formación y el servicio de calidad que prestan.  
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