La capacidad de captar subvenciones de la familia de Ximo Puig es incalculable. En total, siete consejerías se encargaron de subvencionar el entramado de medios de comunicación de los hermanos del presidente valenciano. Y uno de esos departamentos, el de Agricultura, no vio problema alguno en entregar ayudas al campo a una empresa centrada en las teles y los contenidos audiovisuales.
La Generalidad Valenciana convocó en el ejercicio 2010 una subvención Ruralter-Leader (expediente RLT-10-02-010), a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, con cargo al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural. A dicha convocatoria concurrió la sociedad mercantil vinculada a los hermanos de Ximo Puig, Comunicacions Dels Ports, S.A. Se trata de la matriz de un grupo de medios de comunicación que opera a nivel regional, cuyo representante legal es Francisco Puig Ferrer. Él es hermano de Ximo Puig y está imputado en estos momentos en el caso Subvenciones por haber comandado una muy fructífera campaña de captación de subvenciones que ha superado los dos millones de euros y que ha despertado todas las alarmas judiciales.
La empresa en cuestión solicitó la mencionada subvención para la "ampliación y modernización de las instalaciones, con la adquisición del equipamiento necesario para el desarrollo de la actividad de la empresa", por un importe total de 454.275,59 €. Y su empresa se centraba en los medios de comunicación.
La subvención fue concedida un 31 de enero de 2011 por importe de 35.645,16€, quedando condicionada al cumplimiento de unos requisitos entre los que se encontraba la aportación de la documentación necesaria.
El 29 de enero de 2014, el Gobierno regional informó de que "no había sido presentada en la Consejería la documentación requerida necesaria para la justificación del gasto y la adecuación de éste a la actividad subvencionada, impidiendo la correcta tramitación del expediente".
Pero las cosas cambiaron más tarde. El 14 de febrero de 2014, el Consell del PP acordó "declarar la pérdida del derecho al cobro de 35.645,16 €, correspondientes a las anualidades 2012 y 2013 de ayuda otorgada y anular el crédito asignado a las mismas". Y es que el 22 de noviembre de 2013 se requirió a la empresa subvencionada para que presentara la documentación consistente, sobre todo, en "certificaciones de obra firmadas por el director de las obras". La empresa aportó otros documentos que fueron validados en distintos momentos, pero en ningún momento aportó las certificaciones de obra.
Pese a ello, Francis, el hermano de Ximo Puig presentó un recurso de reposición el 28 de marzo de 2014, manifestando que las "certificaciones firmadas por el director de obra" sí se habían aportado el 4 de diciembre de 2013. Se trataba, simplemente, de una falsedad: el documento "certificación final de obra" que se presentó carecía de validez jurídica, puesto que carecía del visado del colegio profesional del arquitecto director de la obra. Además, dicho documento no tiene capacidad para sustituir a las certificaciones de obra, distintas de la certificación final.
El recurso fue desestimado por silencio, confirmando así que el hermano de Ximo Puig había perdido el derecho a obtener la subvención.
Pero Francis Puig no se resignó: interpuso un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales. Sin embargo, dicho recurso no se tramitó, porque la empresa desistió de él. Y, de pronto, la política se cruzó en el camino de esta historia. El 16 de julio de 2015, sin mediar ningún informe técnico y sin que se aportasen los citados documentos, el Gobierno regional acordó estimar el recurso previamente desestimado por silencio. ¿Qué había ocurrido? Pues la llegada de Ximo Puig al Gobierno: sólo un mes antes, el 15 de junio de 2015, fue nombrado Presidente de la Generalidad Valenciana Ximo Puig Ferrer.