LD (L. Ramírez / M. Llamas) En pocas ocasiones el Ejecutivo ha mostrado con más claridad su objetivo que este miércoles, un día en el que se ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario dedicado en exclusiva a promocionar la imagen del Gobierno en lo relativo a las medidas para afrontar la peor crisis económica española desde la llegada de la democracia.
El mensaje es claro: el Ejecutivo ha actuado de forma eficaz a la hora de detener el golpe de la crisis y, para ello, se han destinado más de 50.000 millones de euros, que salen del bolsillo de los ciudadanos y de las cuentas de las empresas. De hecho, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández De la Vega se jactó en la rueda de prensa de ser el país de la UE que más dinero se ha gastado, a pesar de que los resultados brillan por su ausencia.
El FMI y la Comisión Europea recomendaron a los países un estímulo fiscal que España ya ha superado con creces, lo que preocupa a estos organismos internacionales. Pero para el Gobierno español es un triunfo haber destinado esta enorme cantidad de recursos a una crisis que en España no ha hecho más que comenzar. De momento, Bruselas nos ha abierto expediente.
Las medidas....
Además, de las 99 medidas que contiene el Plan E, el Ejecutivo admite que 8 de ellas se adoptaron en la pasada legislatura, cuando según los responsables públicos no existía riesgo de que España entrara en recesión, algo que al entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, le resultaba “molesto” escuchar.
Según los datos de Moncloa, entre medidas temporales y permanentes, las políticas discrecionales suponen un 2,3% del PIB en 2009, lo que supone el segundo mayor gasto público de todas las economías desarrolladas, con la excepción de Arabia Saudí.
A ello se añade la acción de “politicas sociales contra crisis”, los denominados “estabilizadores automáticos” que suponen un coste extra de 53.000 millones de euros para las arcas estatales, un porcentaje que es del 3,3% en el caso de la Unión Europea.
Las medidas son de sobra conocidas, ya que se han presentado muchas veces, pero no está de más recordar las más importantes: la deducción de 400 euros en el IRPF, el plan de obra pública municipal, las líneas de financiación del ICO, la subida de las pensiones mínimas, las ayudas al sector de la automoción, el plan Renove del turismo y las inyecciones de liquidez a las cajas de ahorros, así como los avales del Estado a las emisiones de deuda de las entidades financieras.
Todas estas iniciativas están dirigidas a salvar al sistema financiero de la quiebra, inyectar liquidez para fomentar el consumo, hacer obras públicas menores que enmascaren temporalmente la sangría laboral y a la propaganda, ya que casi todas las aportaciones de dinero a través del ICO deben contar con el beneplácito de las entidades financieras, lo que no siempre ocurre.
Con este paquete de medidas y el coste que suponen lo normal sería que la situación económica española comenzara a dar muestras de mejora, según el argumento que emplea la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, que ve “brotes verdes” de recuperación económica y se ríe de la reforma laboral. Pero la realidad es bien distinta, como nos ha recordado recientemente la Comisión Europea, el FMI y el Banco de España.
Los resultados......
Tras estas medidas, en España hay 4,1 millones de parados y más de 1,5 millones de personas no cobran ningún tipo de prestación. Abril ha sido el peor año de la historia en términos de desempleo, con 40.000 nuevos parados y una caída de afiliaciones interanual del 6,8%. La economía española no volverá a crear empleo hasta que crezca por encima del 2%.
Las últimas previsiones de Bruselas auguran recesión también en 2010 con una tasa de paro superior al 20,5%, lo que no sorprende a tenor de la excesiva rigidez del mercado laboral español y de la inexistencia de reformas en los últimos años. El Ejecutivo se ha puesto de lado de CCOO y UGT y ha decidido dar dinero a los parados y proteger a los empleos fijos. Los jóvenes y las personas con empleos temporales pagarán al resto sus derechos adquiridos.
Asimismo, la destrucción de empleo y el envejecimiento de la población urgen a una reforma del sistema de pensiones, tal como ha recordado recientemente el comisario europeo de Economía, Joaquín Almunia, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
El Gobierno se niega siquiera a hablar de ello y se agarra al clavo ardiendo del fondo de inversión municipa, que ha dado empleo a 90.000 parados, lo que demuestra su falta de eficacia, ya que se han destinado 8.000 millones de euros. Hasta el Banco de España considera que el Plan E "está destinado al fracaso”.
Plan E (Datos del Gobierno)
Aunque la crisis comenzó en España a mediados de 2007 con la explosión de la burbuja inmobiliaria (a finales de 2006 ya existían los primeros indicios), la recesión ha extendido los desplomes a todos los sectores productivos. Los datos no dejan lugar a la duda: El desplome industrial bate un nuevo récord tras caer un 24,7% en marzo, el turismo lastrará un 6% al PIB este año y la agricultura está tan controlada por la Política Agraria Común (PAC) que no hay margen de maniobra.
El año que viene la situación será similar a la de este año, aunque se reducirá el ritmo de caída, pero el déficit público rondará el 10% del PIB. Es decir, tendremos los mismos problemas con un mayor agujero en las cuentas del Estado.
Es verdad que el peso de la deuda pública sobre el PIB es todavía bajo en comparación con el resto de socios comunitarios (ronda el 40%), pero si el Gobierno mantiene su política de gasto el porcentaje subirá de forma peligrosa, sobre todo para las generaciones futuras. El Gobierno se gasta dinero que no tiene: el déficit supera los 7.500 millones de euros sólo en el primer trimestre.
De hecho, la calidad de la deuda pública española ya ha sido rebajada, lo que tiene un coste de más de 2.000 euros por persona y perjudica a las empresas cuando piden financiación al extranjero. Esta tendencia se recrudecerá si continúa la política de gasto.
A todo ello hay que sumar el fondo de rescate de cajas de ahorros que prepara el Gobierno, cuyo importe se desconoce. El objetivo es evitar quiebras de algunas entidades que tienen una morosidad muy alta y que han gestinado de forma ineficiente su enorme cartera de préstamos hipotecarios y créditos a promotores inmobiliarios.
El PP cifra el agujero en 200.000 millones, aunque el economista Alberto Recarte señala en su última obra que el importe se acercaría más a los 100.000 millones de euros.
Este escenario anticipa subidas de impuestos, como pide el PSOE y las cajas de ahorros: más tasas, incrementos del importe de las multas y sanciones, y nuevos tributos como los impuestos verdes o ecotasas; así como recortes futuros de las prestaciones sociales que no realizaría este Gobierno. Irlanda ya ha aprobado elevar la presión fiscal, al igual que Reino Unido y EEUU. Al final, como siempre, la factura la pagarán los ciudadanos y las empresas.