Provocará una estampida de las inversiones extranjeras a otros países donde exista mayor seguridad jurídica y se respete el derecho a la propiedad privada, e incluso espantará inversiones españolas a otras regiones.

El problema es que aunque gane el PP las elecciones la desconfianza no desaparecerá ante el temor de que en las siguientes elecciones vuelva a ganar el PSOE, el daño para Cataluña está hecho.

Puede haber dos soluciones, una es interponer un recurso de inconstitucionalidad y que el Tribunal Constitucional dé preferencia al derecho a la propiedad privada y declare la ley contraria a la Constitución, y otra que el PP y los demás partidos propongan una reforma constitucional para blindar el derecho a la propiedad privada en España y que un gobernante local no pueda vulnerarlo con medidas de este tipo.