Después de que el combate contra el terrorismo, que sin duda es necesario, haya tenido como un efecto innecesario un recorte de nuestros derechos en la red (con, por ejemplo, la directiva europea de retención de datos de tráfico), ahora la lucha contra la pedofilia crece como la nueva gran amenaza sobre la libertad en internet. A la absurda petición de cinco años de prisión por enlazar a una página que enlaza a otra con contenidos de pornografía infantil, se suma ahora la pretensión del Ministerio del Interior de que la policía pueda bloquear el acceso a sitios web de esa naturaleza.
El sistema en sí es relativamente simple. Se establece una lista negra de sitios web de pornografía infantil y los proveedores de Internet no sólo bloquean el acceso a los mismos; además redirigen al usuario a una página de la Policía en la que se le informa de que los contenidos que iba a visitar son ilegales. La complicación llega del terreno legal y de las libertades. Quienes establecen qué sitios web deben ser sometidos a esta medida son las fuerzas de seguridad. No suena muy prudente eso de dar a unos funcionarios policiales, ni de cualquier otro tipo, esa capacidad censora.
Que uno o varios policías puedan incluir en un listado de ese tipo a las páginas que consideren que se lo merecen sin requerir un mandato judicial previo (que por lo que se ha informado parece que no es necesario) es bastante imprudente. Cuando se otorga a unas personas un poder excesivo, el riesgo de que alguno abuse de él siempre está presente y casi siempre el abuso terminará teniendo lugar. Con este sistema, el peligro de que páginas que no tienen contenidos ilegales terminen siendo bloqueadas –bien por un exceso de celo al considerar que es pornografía infantil algo que está cerca pero no lo es, bien debido a que alguien caiga en la tentación de usar el sistema contra contenidos que no tienen nada que ver con la pedofilia– es muy alto.
Existen además riesgos añadidos. Si se acepta que se elimine la intervención judicial para declarar ilegales unos contenidos en un determinado supuesto, en este caso la presunta presencia de pornografía infantil, antes o después se aceptará en otros casos. De esta manera, la libertad se iría viendo progresivamente recortada al disminuir las garantías ante posibles abusos de las fuerzas de seguridad o el Ministerio del Interior. Y cuando se entra en una espiral de este tipo resulta cada vez más complicado pararla.
Sólo con estos más que evidentes riesgos para la libertad debería ser suficiente para rechazar una medida de este tipo. Pero es que, además, esta no resultaría muy efectiva. Al depender del acuerdo de los proveedores, quienes quieran acceder a pornografía infantil tan sólo tendrán que contratar los servicios de alguno que no haya pactado con la Policía su inclusión en el sistema. Y en el caso de que todos lo hicieran, siempre existen formas de engañar al servicio de acceso a internet para que no detecte las páginas que uno visita, con lo que el mecanismo resultaría inútil.
Dejó dicho Benjamín Franklin que "quienes pueden renunciar a su libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad". El problema es que con la nueva propuesta del Ministerio del Interior quienes perdemos una y otra somos el conjunto de los ciudadanos.