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Internet como estado policial

El gobierno del partido que prometió retirar la famosa LSSI-CE o "ley de Internet" ahora se ha puesto como objetivo ampliarla para atender a las peticiones de los artistas comprometidos con el dinero de los demás, que encima han cometido la indignidad de comparar la red de redes con un tsunami, explotando la desgracia ajena para su propio interés. El mayor problema de la redacción aprobada en el parlamento de esa ley era la obligación de los proveedores de guardar datos de tráfico durante seis meses (aún no en vigor, por no haberse desarrollado el reglamento), debido sobre todo a los costes que esta medida iba a provocar y que pagaríamos los usuarios. Ahora se pretende hacer responsables a los intermediarios, es decir, a los proveedores de acceso a Internet, de las descargas de música y películas.
 
Las consecuencias de esta medida socialista, en el sentido más cubano del término, podrían consistir en cargar con los costes de vigilancia a las empresas, que se verían en la necesidad de espiar a sus usuarios para cumplir la ley, y hacerles pagar por ello aumentando los costes del acceso. Si, lo he escrito bien; Telefónica y sus cuates tendrían la obligación de espiarnos para cumplir la ley. Tendrían que colocar sniffers, pequeñas aplicaciones que vigilan la red donde se instalan en busca de aquellos datos que se les ha ordenado observar, en toda su infraestructura para que saltaran las alarmas cuando alguno de sus usuarios hace algo sospechoso como bajarse canciones desde un servicio legal, además de restringir las características de nuestras conexiones para intentar impedirnos la posibildad de hacerlo en primer lugar.
 
Ni siquiera en Estados Unidos, donde los lobbys del entretenimiento han llegado más lejos, existen medidas similares. De hecho, una ley tan controvertida como la Patriot Act obliga a limitar la actuación de los sniffers para proteger la privacidad de usuarios que no están sujetos a investigación. El FBI llegó a crear un sniffer propio llamado Carnivore porque las aplicaciones comerciales captaban demasiados datos de otros usuarios, retirándolo cuando ya se pusieron en el mercado herramientas suficientemente respetuosas.
 
Una vez que estemos convenientemente vigilados, la infraestructura necesaria para ampliar esa vigilancia ya estará instalada en la Internet española. No todos los países totalitarios disponen de tantas facilidades para controlar lo que se dice y se hace en Internet. Es de suponer que el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones garantizado en nuestra Constitución, la propia LSSI que exonera a los intermediarios de responsabilidad y la directiva en que esta ley se basa terminarán imponiéndose. Pero ya se les habrá visto el plumero y las intenciones.
 
Daniel Rodríguez Herrera es editor de Programación en castellano.