No es que tengamos ya excesiva fe en el Consejo General del Poder Judicial. Como se suele decir, son cuatro palabras y cuatro mentiras. Una de sus últimas hazañas fue archivar la causa contra Garzón por no comunicar, como era su obligación, el dinero que cobró en Nueva York de la Universidad de Nueva York. Al dejar sin castigo la falta "muy grave" de "faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas", el CGPJ volvió a arrastrar por el fango su ya de por sí exiguo prestigio.
Ahora se le ha presentado la oportunidad, si no de redimirse, sí al menos de no seguir cavando su propia fosa. Durante su estancia en Nueva York, Garzón comió con un directivo del Banco Santander y solicitó por carta a Emilio Botín financiación para organizar un par de cursos. La suma total fue de 302.000 dólares. No es algo objetable en sí mismo. Todas las grandes empresas realizan actividades que se alejan de su objeto de negocio, generalmente para mejorar su imagen. Ni es censurable hacerlo, aunque podría discutirse su utilidad, ni lo es pedirlo.
El problema es otro. Al regresar a España y volver a su trabajo en la Audiencia Nacional, Garzón recibió una querella contra Botín y otros 21 consejeros del banco y el juez estrella decidió archivarla sin abstenerse, como era su obligación. En su defensa, el magistrado siempre ha argumentado que recibió el dinero de la Universidad de Nueva York. Puede que, desde el punto de vista estrictamente contable, haya sido así, pero los documentos que el banco ha aportado al Supremo demuestran que fue él quien personalmente solicitó esos fondos.
La Ley Orgánica del Poder Judicial considera una falta muy grave "la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre en alguna de las causas legalmente previstas", lo que conllevaría una sanción que podría ir desde la suspensión temporal hasta la expulsión de la carrera judicial, pasando por el traslado. Cuando se supo que el Banco Santander había financiado los cursos que organizó, Garzón alegó que no existía "ninguna relación directa ni indirecta con la entidad, ni de carácter económico ni de otro tipo". Una mentira flagrante que ha quedado al descubierto.
La actuación de Garzón no sólo es grave por lo negativo que resulta a la imagen de imparcialidad de la justicia que tan poco ha hecho el juez por mantener. La misma causa que archivó ha quedado manchada y los querellados con ella, pues la actuación del magistrado llevará a muchos a pensar que su auto no estuvo motivado tanto por la ley como por esa relación "inexistente". Así, al CGPJ no le debería quedar otra salida que sancionarlo. Cabe temerse, sin embargo, que alegue que el caso ha prescrito, pese a que empezó a investigarse en los tribunales y el propio Consejo antes de que se cumplieran los dos años que marca la ley, y sólo las mentiras empleadas en su defensa han impedido contar con todos los elementos de juicio hasta ahora.
Garzón personifica como nadie todos los males que aquejan a nuestra justicia. Sea por este proceso, por el que se ha iniciado por ordenar ilegalmente escuchas a los abogados de los acusados por el caso Gürtel o por su causa general contra el franquismo, apartarlo de su puesto sería un buen primer paso hacia la recuperación del escaso crédito que tiene el poder judicial en España. Pero sólo el primero.