No son pocos los que se han llevado las manos a la cabeza tras leer las propuestas que Podemos ha presentado al PSOE esta semana con el fin de formar gobierno, pese a que el único interés de Pablo Iglesias y los suyos consista, realmente, en celebrar nuevas elecciones generales para lograr el ansiado sorpasso y, de este modo, aspirar a la futura Presidencia del Ejecutivo. En este sentido, son muchos los titulares que se han centrado en destacar las ansias de poder que refleja Iglesias con su idea de crear una gran Vicepresidencia, bajo la cual controlaría de forma directa organismos estratégicos como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Boletín Oficial del Estado (BOE), así como la Presidencia de la Comisión de secretarios y subsecretarios de Estado y la relación del Gobierno con las Cortes Generales. Además, asumiría el control absoluto de la Secretaría de Estado de Comunicación. Y ello, sin contar el detallado reparto de Ministerios y altos cargos que recoge el citado documento.
La oferta es de tal calibre que, de ser aceptada por el PSOE, Pedro Sánchez se convertiría en una mera marioneta presidencial, carente de poder real, en manos de Iglesias. Pero el plan de Podemos para tomar el cielo "por asalto", tal y como defendía Karl Marx mucho antes que Iglesias, va más allá de esta ambiciosa distribución del poder. Prueba de ello es que el citado documento defiende que la cúpula del Poder Judicial sea nombrada en función del "compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar". La avalancha de críticas que ha generado tal esperpento por parte de jueces y fiscales ha obligado al partido morado a matizar dicho postulado, tras alegar un increíble error "de redacción", pero en el fondo es justo lo que piensan.
En España, por desgracia, hace ya muchos años que la imprescindible división de poderes brilla por su ausencia gracias a la reforma que en su día aprobó el PSOE de Felipe González, cuyo desarrollo ha generado una espantosa y lesiva injerencia del poder político en el ámbito judicial, pero, al menos, socialistas y populares guardaban las debidas formas sobre el papel a fin de maquillar mínimamente semejante atropello. A Podemos, sin embargo, no le duelen prendas a la hora de afirmar que la Justicia debe arrodillarse y rendir pleitesía al Gobierno, lo cual supone un sustancial salto cualitativo en el profundo deterioro institucional que sufre España.
Pese a ello, el problema de fondo es que hay mucho más. En la página 23 del citado programa, Podemos habla de la necesidad de aprobar un "cambio constitucional", y es aquí donde se materializa el auténtico espíritu golpista de Podemos. En primer lugar, tildando de antidemócratas a aquellas fuerzas políticas que no comulguen con su ideario comunistoide, pues, según reza el texto, "si algunos partidos se ven tentados a extraviarse [impidiendo el cambio constitucional], la sociedad sabrá llamarles a la senda del diálogo y el respeto". Y, en segundo término, saltándose directamente la ley y todos los preceptos constitucionales que garantizan el sistema democrático en España:
Todos los que proponemos cambios en el texto constitucional del 78 sabemos que la Constitución no ofrece un camino fácil para su reforma [...] Las mayorías cualificadas que el texto exige para proceder a su modificación obligan a contar con un Partido Popular que, hasta el momento, solo ha hecho gala de un tozudo inmovilismo [...]Esto evidencia una paradoja antidemocrática [...]
Pero en democracia nunca existen las vías muertas. Incluso si la apertura del gran debate constitucional por parte del Gobierno del Cambio no lograse modificación alguna en las posiciones del PP, cabría activar la vía popular sobre la base del artículo 1 (soberanía del pueblo español), del artículo 23 (derecho de la ciudadanía a participar en asuntos públicos) o del artículo 92 (referéndum consultivo); es decir, existen derechos y garantías democráticas previstos en la Constitución española que permiten convocar un referéndum para iniciar el proceso [...]
Dicho de otro modo, si no existe una mayoría suficiencia para reformar la Constitución, el proceso constituyente que tanto ansía Podemos se iniciaría de igual forma por la vía directa del referéndum, violando de forma explícita el ordenamiento jurídico.
Y algo similar sucede con la reforma electoral que propone el partido de Iglesias en la página 74 de su soñado proyecto de gobierno. Así, puesto que el Senado está en manos del PP y su amplia mayoría le otorga capacidad de veto en proyectos clave para el funcionamiento del sistema, "en caso de no ser posible la reforma electoral por adelanto electoral o bloqueo en el Senado por parte del Partido Popular, el Gobierno del Cambio propone que se tramite en el Congreso la reforma urgente -con carácter transitorio hasta la citada reforma constitucional- de los artículos 162.2 y 162.3a de la LOREG [...]", y asunto resuelto. Es decir, puesto que la democracia cuenta con ciertos mecanismos y contrapesos para limitar el ejercicio del poder con el fin de evitar abusos, como cambiar leyes orgánicas a placer, lo que plantea Podemos es violar dichas garantías, saltándose con ello la propia democracia para imponer su voluntad.
Que Podemos es un partido de naturaleza totalitaria no es ninguna novedad para los que, como Libertad Digital, llevan alertando desde el principio acerca de la enorme amenaza que supone su ascenso para la democracia española, pero ahora que su espíritu dictatorial se plasma negro sobre blanco la evidencia ya no admite dudas: el objetivo de Podemos es asestar un golpe de estado desde el propio estado, tal y como en su día hicieron Hugo Chávez y tantos otros sátrapas para permanecer en el poder una vez alcanzado el gobierno mediante las urnas. No hay peor ciego que el que no quiere ver