Cuando un juez progresista tiene de su lado a la Ley para violar los derechos individuales suele hacer unas sentencias impecables. Eso no obsta para que, cuando no es así, torture el ordenamiento jurídico hasta el extremo para obligarle a confesar lo que quiere que confiese. Sin duda, las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña o la Ley de Igualdad se encuentran en el segundo caso. Desgraciadamente, la decisión de obligar a una familia a escolarizar a sus hijos pese a que les enseñaban en casa, y muy bien, parece jurídicamente impecable.
Es cierto que las principales violaciones de los derechos de los españoles se han producido por la vía de interpretar nuestra carta magna al progresista modo. Pero el problema es que nuestra Constitución tampoco venía de fábrica tan garantista como se nos quiere hacer creer. Así, en su artículo 27, el referido a la educación, protege el derecho de los padres a que sus hijos reciban la "formación moral y religiosa" que prefieran, pero nada más. Es cierto que, aunque hace obligatoria la educación básica, no impone la escolarización de los niños, por lo que abriría la puerta a la enseñanza en casa. Pero es un extremo que deja a los legisladores, y ya sabemos que en materia de educación nuestras leyes han sido todas izquierdistas, es decir, ruinosas tanto para la enseñanza como para la libertad.
El homeschooling, como se suele conocer a esta práctica por ser EEUU el país pionero en la materia, está en la práctica, aunque no explícitamente, prohibido por las leyes educativas progresistas. Pero no debería serlo si la ley se escribiera pensando en lo mejor para los niños, y no en lo que más satisfaga el ego y el ansia de poder de los pedagogos. En el gigante norteamericano existen dos millones de niños en edad escolar que reciben enseñanza en casa, con resultados mejores a la media. No resulta extraño, pues es evidente que tienen unos padres que se preocupan por su formación mucho más que la mayoría.
Ciertamente, existe el riesgo de que unos padres desalmados usen la excusa de la enseñanza en casa para no proporcionar una educación y un futuro a sus hijos, por las razones que sean. Pero esa excepción no debe llevar, en un Estado democrático que respete las libertades de sus ciudadanos, a prohibir la regla. Si se quiere, se pueden establecer controles como obligar a los niños educados en casa a someterse a exámenes a final de curso, o perseguir ese fraude como se persiguen otros, con denuncias e investigaciones policiales. Es muy tradicional de la izquierda poner los casos extremos como justificación para imponernos medidas draconianas para todos, pero es una lógica que no tiene sentido aplicar, y además es dañina para nuestras libertades.
Entre las muchas medidas que deben tomarse en materia educativa, entre las que habría que destacar la imposición a los pedagogos de una orden de alejamiento de por vida de cualquier organismo público encargado de la educación, está sin duda la regulación del derecho a educar a los hijos en casa. Mejoraría la calidad, ahorraría dinero público y aumentaría las libertades. Así que, por supuesto, ningún partido cogerá esta bandera.