Con el escándalo de la cacería a dúo entre el ministro Fernández Bermejo y el juez Garzón y, a renglón seguido, el estallido del caso Boadilla, la Justicia en España toca irremediablemente fondo. A estas alturas no nos sorprende comprobar que, por estos pagos, el espíritu de Montesquieu esté muerto –que lo está, al menos, desde tiempos de Alfonso Guerra– sino los niveles de desvergüenza a los que ha llegado la coyunda entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Amalgamados hasta un extremo tal que algo así sería difícilmente tolerable en cualquier otro país democrático.
La verdadera víctima de la cacería del pasado fin de semana no ha sido el Partido Popular, ni siquiera la trama de tráfico de influencias que está siendo investigada en Boadilla del Monte; la verdadera víctima de los apaños en secreto entre Bermejo y Garzón ha sido, como bien señalaba el vicepresidente de este diario en su programa matinal, el propio Montesquieu, que ha sido enterrado sin honores por obra y gracia de un ministro de Justicia y un juez de la Audiencia Nacional. Esta es la doliente realidad a pesar de que el Gobierno y el partido que le sustenta se empeñen en no verlo.
Se escudan en que es relativamente habitual que personajes importantes de la vida pública coincidan en actividades de esa índole, y, en principio, que un juez y un ministro se vean en una cacería no es motivo de sospecha. Siempre y cuando, claro está, el ministro no sea Bermejo, representante del socialismo más montaraz, y el juez Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional famoso por favorecer siempre y en toda circunstancia al PSOE, partido por el que colgó la toga para presentarse como número dos en las elecciones de 1993. Si a ese cóctel ya de por sí peligrosamente ideológico le añadimos que cuando se produjo el encuentro el juez estaba inmerso en la instrucción de un sumario contra los adversarios políticos del ministro, cualquier duda sobre su presunta imparcialidad queda despejada, pero para mal.
En este caso, que es tanto o más grave que el de Boadilla, la mujer del César ni es decente, ni lo parece, ni tiene intención de serlo ni de parecerlo. Pocas veces hemos visto manipular de un modo tan descarado la Justicia en beneficio del Gobierno y, lo que es peor, casi ninguna hemos asistido a cómo un juez utiliza al Gobierno para hacer Justicia con sus enemigos ideológicos. Porque aquí cuesta saber quién sirve a quién, pero no es muy complicado adivinar contra quién y a favor de quién va dirigida toda una macro operación judicial orquestada para servir de cortina de humo a Zapatero durante el espinoso debate parlamentario sobre la crisis económica.
El asunto es tan bochornoso para el país que urge darle una salida cuanto antes, y una salida ejemplar. Para Bermejo ya no es una opción dimitir, es una obligación moral. Garzón, por su parte, no puede seguir instruyendo la causa por la simple razón de que no es un juez imparcial, garantía mínima que asiste a cualquier imputado en un proceso. Si el magistrado-estrella de la Audiencia se niega, habrá de ser el Consejo General del Poder Judicial el que le retire del caso nombrando a un sustituto. No hay posibilidad, en suma, de medias tintas. Los causantes de este escándalo deben desaparecer del escenario lo antes posible para que, aunque la mujer del César siga sin ser decente, al menos vuelva a parecerlo.