El mensaje de Navidad de S. M. el Rey ha sido uno de los más esperados en los últimos años. A una situación de grave recesión económica, y con un panorama más que preocupante a corto y medio plazo, se unía el hecho de la toma de posesión del nuevo Gobierno justo la víspera. Ambas circunstancias explican que las palabras de Don Juan Carlos fueran recibidas con altas dosis de expectación; expectación acompañada de sorpresa en no pocos hogares a la vista de la foto que acompañaba al monarca, y en la que aparecía no la Familia Real, no la Reina, no el Príncipe, sino Mariano Rajoy con José Luis Rodríguez Zapatero, que en el momento de emitirse la grabación ya no tenía responsabilidad ejecutiva alguna.
Las apelaciones del Rey al entendimiento entre los llamados agentes sociales para resolver el grave problema del paro, al que dedicó buena parte de su intervención, no se salieron del guión habitual en este tipo de intervenciones, salvo cuando hizo mención expresa a la necesidad de avanzar en la "justicia redistributiva", concepto de gran carga ideológica que, evidentemente, la Casa Real no está obligada a emplear. También tuvo palabras, más acertadas, para las víctimas del terrorismo, así como para los terroristas, a los que instó a entregar "sus armas asesinas" y a que desaparezcan "para siempre" de nuestras vidas. No sin antes pasar por los tribunales, hubiera podido añadir. Es éste un deber ineludible del nuevo Ejecutivo: poner a disposición de la Justicia a los criminales responsables de la "tremenda injusticia" terrorista, por emplear las propias palabras de Su Majestad.
Sin duda, lo más esperado era saber si Don Juan Carlos haría alusión a uno de los escándalos financieros más notorios de los últimos años, en el que se encuentra implicado su yerno y, todavía, miembro de la Familia Real, D. Iñaki Urdangarín. Y sí, lo hizo.
Como no podía ser menos, el Rey exigió ejemplaridad a quienes ostentan responsabilidades públicas y firmeza a los encargados de impartir justicia. Nada que objetar, salvo que esa sana preocupación por que el Estado de Derecho castigue con rigor a quienes se apartan de la legalidad no pareció estar entre sus prioridades en otras ocasiones, en casos en los que se vieron implicados individuos de su entorno y que no se resolvieron de manera precisamente ejemplar.
La exigencia de que la Justicia trate igual a todos los ciudadanos, sea cual sea su condición, no puede ser un argumento retórico de indudable valor en momentos delicados. La Justicia rigurosa e imparcial es un imperativo del Estado de Derecho, y su preeminencia debe ser reivindicada por nuestra más alta institución en todo momento, no sólo cuando su prestigio se vea comprometido por prácticas y conductas cuando menos poco ejemplares.