La Generalidad acaba de publicar, adelantándose a la administración central, el estudio de la balanza fiscal de Cataluña. Como era de esperar, del estudio resulta que desde 2002 la comunidad autónoma ha dejado de percibir no sé cuántos miles de millones de euros. El nuevo estatuto pone remedio a esta injusta situación y obliga legalmente al Gobierno del Estado español a devolverle a la región un porcentaje de lo que los catalanes pagan al Estado. Al parecer, para Montilla, la solidaridad bien entendida empieza por uno mismo.
Después de aprobado el estatuto, los que lo denunciamos tuvimos que aguantar mil burlas en las que se nos venía a decir: "¿Lo veis? Ya se ha aprobado el estatuto y no ha pasado nada; España no se ha roto y todo sigue igual." No fueron sólo los socialistas y los nacionalistas los que así nos sermonearon. Merece la pena recordar que Antonio Hernández Mancha publicó en El País un artículo con el tranquilizador título de España no se rompe.
Sin embargo, en cuanto se ha empezado a ejecutar el estatuto, han comenzado a abrirse las primeras grietas. Nada bueno puede traer que la política de inversiones dependa de las balanzas fiscales. España va a acabar siendo una especie de Unión Europea de la señorita Pepis donde el futuro de los ciudadanos de cada región ya no dependerá de lo que se debata en las Cortes, sino de las reuniones anuales en las que los presidentes autonómicos acordarán cuánto dinero van a poner las regiones ricas y cuánto van a recibir las pobres.
El principio podría aplicarse hasta el infinito. Si Cataluña tiene derecho a que se le devuelva la mayor parte de lo que allí se recauda, ¿por qué ha de negársele a Lérida el mismo derecho y obligarle a aceptar que sea la Generalidad en Barcelona la que decida qué se hace con lo recaudado en aquella provincia? No sólo ella, sino que también los de Sabadell deberían poder reclamar cuando crean que reciben muy poco a cambio de lo que pagan y se sientan agraviados al ver que la Generalidad se hincha a hacer inversiones en Mataró.
"Eso no va a pasar", dirán algunos. Es verdad. No va a pasar porque ni Lérida ni Sabadell son una nación. El problema del estatuto catalán estriba precisamente en eso, en que afirma la existencia de la nación catalana, y por eso no reconoce a los de Lérida ni a nadie el derecho a recibir un porcentaje de lo que aportan a la Generalidad, pues Cataluña es una y no la suma de varios. Pero, al hacerlo, al afirmarse como nación y reclamar, ella sí, el derecho a que se le devuelva un porcentaje de lo que allí se recauda, inevitablemente niega la existencia misma de la nación española.
¡Dichosas balanzas fiscales! El mero reconocimiento legal de su existencia, la publicación oficial de las cifras que arrojan, la imposición de derechos y obligaciones a consecuencia de las mismas nos convierten en un Estado confederal sin muchos más lazos entre nuestras regiones de los que hoy existen entre los estados de la Unión Europea.
¡Menos mal que "España no se rompe"! Si llega a romperse, no es que se rompe, es que desaparece.