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Beneficiencia

Sin el Estado, ¿quién se hará cargo?

Ayudar al necesitado en materia sanitaria es un "imperativo moral", no un derecho constitucional. Las dos cosas son tan distintas como una pistola de agua y un arma de fuego automática.

Si algo no aparece como permitido bajo nuestra Constitución, el gobierno federal simplemente no puede hacerlo. Punto. Los Fundadores debatieron acaloradamente el papel del gobierno federal y lo definieron en la Sección 8 del Artículo I: el que fija los deberes y obligaciones concretos del gobierno federal. Sobre todo, éstos incluyen crear un ejército para la seguridad nacional, acuñar la divisa, establecer normas de inmigración y ciudadanía, regular las quiebras de los bancos, montar el sistema de correos, establecer leyes de propiedad y protección intelectual, y dar lugar a un sistema legal para resolver los enfrentamientos, además de un puñado más de asuntos. La beneficiencia no aparece por ninguna parte.

El Congreso empezó a ignorar esta falta de competencias en el caso de la beneficiencia antes de que la tinta de la Constitución se secara. Cuando el Congreso destinó 15.000 dólares para ayudar a refugiados franceses en 1792, James Madison –uno de los Fundadores y principal redactor de la Constitución– escribía: "Soy incapaz de encontrar el artículo de la Constitución que concede al Congreso el derecho a gastar, con fines benéficos, el dinero de sus electores". ¿Pero qué pasa con la cláusula de la Constitución que recoge el bienestar general de la población?

Madison decía: "Con respecto a las palabras bienestar general, siempre las he relacionado con el conjunto tasado de competencias que la Constitución relaciona con ellas. Entenderlas de forma literal e ilimitada supondría la metamorfosis de la Constitución en una entidad que en absoluto fue contemplada por sus creadores".

Y considere el efecto de la ayuda social sobre la predisposición de la gente a ayudar al prójimo. Durante la Gran Depresión –antes de los programas sociales que hoy aceptamos como imprescindibles (seguridad social, Medicare, Medicaid)– la donación caritativa se elevó dramáticamente. Después de que Roosevelt empezase a aprobar sus programas sociales, las donaciones siguieron produciéndose, pero no al mismo nivel. La gente pensaba que ya había donado con sus impuestos  y/ o que el gobierno se "encargaba de ello".

La "beneficiencia" pública es simplemente menos eficaz que la privada. Cada dólar que es sustraído al contribuyente, enviado a Washington y después canalizado al beneficiario pierde aproximadamente 70 céntimos en gastos de circulación (salarios, transferencia y otros gastos). El Ejército de Salvación, por el contrario, gasta dos céntimos por dólar en gestión, y el resto del dinero va a parar al beneficiario. Logra esto, entre otras cosas, gracias a las personas que realizan voluntariamente su trabajo.

Tras el paso del Huracán Katrina, empresas privadas, incluyendo Home Depot y Walmart, se encargaron de las necesidades básicas de los afectados, como el agua o el techo, con mayor rapidez que el gobierno. ¿Cuáles fueron sus motivos? ¿La generosidad? ¿Las relaciones públicas (una forma de "egoísmo")? ¿Realmente importa?

¿Qué pasa con el asunto del "riesgo moral"? ¿Distorsiona la ayuda pública el sistema de incentivos y hace que la gente se comporte de manera irresponsable? En 1964, el presidente Lyndon Johnson inició la "guerra contra la pobreza". Trabajadores "anti pobreza" iban literalmente de puerta en puerta para informar a las mujeres de su "derecho" a recibir dinero y servicios (suponiendo que las receptoras no estuvieran casadas y no vivieran con ningún hombre). Los nacimientos extramaritales se dispararon. En 1960, antes de la "guerra contra la pobreza", los nacimientos fuera del matrimonio suponían el 2% de los nacimientos blancos y el 22% de los negros. Hacia 1994 –apenas tres décadas después de que Johnson iniciara su "guerra"– los índices se habían disparado al 25% y al 70% respectivamente.

Numerosos estudios concluyen que los hijos de "hogares rotos", con padres ausentes o inexistentes, son más dados a cometer delitos, abandonar la educación, consumir drogas y tener hijos fuera del matrimonio. En 1985, Los Angeles Times formulaba la siguiente pregunta tanto a pobres como a los no pobres: ¿cree usted que aquellos que dependen de la ayuda social tienen hijos para recibirla? Un número mayor de gente pobre (el 64%) respondía positivamente a ese postulado que los no pobres (44%).

Pero, si el Estado no se encarga de la beneficiencia, ¿quién puede hacerlo? En 1871, la ciudad de Chicago fue reducida a cenizas. Las donaciones, sin dinero del gobierno, volvieron a levantar la ciudad. Tras el 11 de Septiembre, los estadounidenses donaron tantos fondos que la Cruz Roja utilizó una parte de ellos para fines no relacionados con el atentado. Christianity Today rezaba en enero de 2002: "Nadando de pronto en un mar de dinero, las agencias como el Ejército de Salvación necesitan ayuda. Ha ido a parar tanto dinero a a esas organizaciones –1.500 millones de dólares hasta el momento– que tienen problemas para gastarlo". Y los estadounidenses donaron una suma aún mayor a los afectados por los huracanes Katrina y Rita.

Tres de cada cuatro familias donan parte de su dinero a la beneficiencia: en total, los estadounidenses destinan más de 300.000 millones de dólares al año, más que el PIB de Finlandia o de Irlanda. Y más de la mitad de esas familias también entregan su tiempo. A falta de programas públicos (inconstitucionales), los individuos y las organizaciones de beneficiencia pueden proporcionar, proporcionarán y –en muchos casos- ya proporcionan servicios a los necesitados. Un gobierno limitado –el que cobra impuestos solamente para cubrir sus deberes estipulados– facilitaría que destinaran todavía más tiempo y dinero. La beneficiencia privada es más eficaz, menos cara, más humana, más compasiva, y más dada a inspirar cambio y autosuficiencia en el destinatario.

La gente puede satisfacer y satisfaría puntualmente el "imperativo moral" de la sociedad.

© Laurence A. Elder. Distributed by Creators Syndicate Inc.

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