Algún día conoceremos los detalles del apaño infecto con el que la Fiscalía Anticorrupción se dispone a controlar los daños que el juicio del caso Gürtel puede provocar en el casco del Sistema. Hace un par de semanas, el abogado de Francisco Correa filtró la noticia de que había llegado un pacto con el ministerio público para que su cliente, a cambio de confesar por escrito todo lo que sabe, pudiera beneficiarse de las ventajas que otorga la colaboración con la justicia. Dado que manteniendo el pico cerrado no iba a librarse de una condena apabullante, estaba dispuesto a cantar La Traviata con tal de sacar alguna ventaja. El sumario incluye pruebas lo suficientemente tumbativas como para que le caigan encima, uno tras uno, la mayor parte de los ciento veinticinco años de cárcel que piden para él las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás. Por si fuera poco, alguno de los empresarios que pagaron comisiones al entramado societario de Correa ha reconocido los hechos. De modo que a la abundantísima munición documental hay que sumar ahora la testifical.
El horizonte penal del hombre que amasó tanto dinero sucio que ni se molestaba en contarlo -eso dijo él mismo el pasado viernes- es más negro que el carbón. La única manera de blanquearlo un poco era ofreciéndose a tirar de la manta. Las fiscales, más contentas que unas castañuelas, dijeron que adelante con los faroles. Pero sus jefes, evacuadas las consultas pertinentes, dijeron que no. No sólo lo dijeron, lo bramaron. ¿Una confesión por escrito? ¿Un desahogo espontáneo en el que el jefe de la mafia contara todo lo que sabe? ¿Absolutamente todo? ¿Incluso lo que no ha trascendido después del exhaustivo rastreo de la policía judicial?Ésa era la idea, sí. "Me los voy a follar a todos", llegó a decir el susodicho cuando su nuevo abogado, Juan Carlos Navarro, elevó la propuesta a la instancia correspondiente. "¡Eso es una barbaridad!", dijeron los teóricos guardianes del Sistema llevándose las manos a la cabeza. La idea, en efecto, se parecía mucho a la de darle a un mono una pistola. Si Correa disparaba en todas direcciones, sin la tutela de alguien que estuviera en condiciones de orientar la dirección del tiro, la lista de víctimas podía ser demoledora. El escándalo golpearía de nuevo las paredes ya ruinosas del Estado y todo el edificio podría venirse abajo. Así que la cadena de mando se puso en acción y a las fiscales les llegó la orden de que refrenaran la locuacidad literaria del acusado. Si había sido ágrafo hasta ahora, muy bien podía seguir siéndolo el resto de su vida.
Sin embargo, al mismo tiempo que Anticorrupción negaba la existencia del pacto en la prensa, en las dependencias de la Audiencia Nacional pasaban cosas elocuentísimas: Correa abonaba voluntariamente los más de 2 millones de euros que la Fiscalía reclama en concepto de responsabilidad civil y su abogado renunciaba a recusar al magistrado José Ricardo de Prada y a solicitar la nulidad del procedimiento. ¿Alguien puede pensar que tanta amabilidad se produce a cambio de nada? ¡Ni el más incauto de los santos inocentes! Era evidente que el pacto se había suscrito, pero en condiciones distintas a las de la oferta primitiva. Lo que Correa tenía que hacer -le fue dicho- era contestar a las preguntas de las fiscales y reconocer la autoría de los delitos que ellas le imputaban. Pero sin ir más allá. Sin abrir nuevos frentes. Sin dar más nombres (al menos, de postín). Sin poner el foco en mangancias desconocidas. Con eso bastaba. Los cuchicheos cómplices que han intercambiado estos días el reo y las dos togadas representantes del ministerio público no pueden ser demostraciones más convincentes del compadreo que hay entre las partes. Correa ha llegado agradecerles en voz alta lo cómodo que le hacen sentir en el banquillo. ¡Tierra, trágame!
Espero que por el bien del Estado de Derecho, por la salud democrática española y por el prestigio de la carrera fiscal, se nos explique algún día, con pelos y señales, qué suerte de impúdicas transacciones se han llevado a cabo en la trastienda del estrado. Que los fiscales hagan política, amparándose en el patriotismo que anida en sus Ilustrísimas cabezas, y que la custodia de la ley adquiera para ellos un rango subalterno, es deplorable. Habrá quien diga que, al pertenecer a una estructura jerárquica, su obligación es cumplir las órdenes que reciben. Pero no es verdad. Y menos si las órdenes proceden del poder político. No hay nada que obligue al Fiscal General del Estado a poner en circulación por la cadena de mando ninguna orden que no proceda del dictado de su conciencia profesional. Si se cuadra ante los políticos y da curso a sus instrucciones no es por imperativo legal. Es por otra cosa.
En otras condiciones, el escándalo que sugiere la conducta de Correa durante su declaración judicial tal vez hubiera movido a la clase política a poner el grito en el cielo. Pero bastante tienen PSOE y Ciudadanos con salir vivos de la encrucijada política que habitamos como para esperar de ellos comportamientos heroicos. Ambos partidos necesitan que la legislatura arranque cuanto antes para frenar su proceso de lenta disolución existencial y eso pasa por investir a Rajoy al precio que sea. Si ahora afloraran revelaciones nuevas que tiznaran al PP más de lo que ya lo está, sería imposible que Javier Fernández ganara la batalla del Comité Federal del día 23 o que Rivera siguiera reclamando para sí, amarrado aún al acuerdo de investidura, el título de azote de los corruptos. Por eso Javier Fernández no deja de repetir que en el juicio de Gürtel "no hay nada nuevo" y Rivera que "un mafioso no puede marcar el ritmo de la vida política del país". Creíamos que a Rajoy la actividad judicial le iba a amargar la investidura y resulta que ha sido la investidura la que le ha amargado la vida a la actividad judicial. A Podemos se lo estamos poniendo a huevo.