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Columna publicada el 25-03-2005
El caso de Terri Schiavo, la joven con severos daños cerebrales condenada a morir de hambre y sed —eutanasia imaginativa donde las haya— por un tribunal en los Estados Unidos, refleja perfectamente la diferente categoría moral de una clase conservadora, la norteamericana, dispuesta a defender sin complejos los valores sobre los que se asienta su ideario y la europea, convertida a sí misma, tristemente, en el sector moderado de la socialdemocracia.
Los medios de comunicación españoles, que ante la ausencia de competidores que defiendan un punto de vista liberal-conservador (gracias Aznar), ya ni siquiera disimulan el desvergonzado sesgo progre con el que adornan su relato de la actualidad, se han encargado de presentar a Terri Schiavo como una persona en estado vegetativo a quien los políticos republicanos, espoleados por los sectores más ultraderechistas de la sociedad norteamericana, se empeñan en mantener con vida en contra de su voluntad, alargando cruelmente su agonía. Fieles al dictado de lo políticamente correcto —que alguna vez habrá que empezar a llamar por su verdadero nombre: marxismo cultural—, los medios hurtan a su audiencia el relato de los padres de Terri, que aclaran que su hija «no está muerta cerebralmente, ni está en coma, ni en estado vegetativo; tampoco necesita ningún sistema de soporte vital para mantenerse con vida. Por el contrario, ella ríe, llora, se mueve parcialmente y a veces dice mamá, papá y responde afirmativa o negativamente cuando se le pregunta».
Las televisiones nos abrumarán con el resultado de las encuestas realizadas —Machín, el corresponsal de TVE en Washington, no deja de relatar, entusiasmado, los porcentajes de votos de ciudadanos anónimos que se muestran favorables a dejarla morir; con el tipo de información que se les suministra, opinar en contra les haría quedar como perfectos idiotas—, pero no contarán que el marido de Terri, que es quien ha iniciado el proceso judicial para matar legalmente a su esposa, convive desde hace años con otra mujer, Jodi Centonze, con la que tiene ya dos hijos. Tampoco harán alusión a las extrañas circunstancias del accidente que dañó irremisiblemente el cerebro de Terri en 1990, que podrían involucrar a su marido incluso criminalmente. En cambio, explicarán que, según los expertos consultados por el New York Times, la muerte por inanición no provoca sufrimiento alguno al paciente. Curiosamente, en un reportaje publicado el dos de diciembre de 2002 sobre una hambruna en India, el mismo periódico relataba la forma atroz en la que la gente moría de hambre, presa de terribles espasmos estomacales. Pero el progresismo rampante no va a permitir que la muerte de una persona inocente, ponga en cuestión los mantras ideológicos que le sirven de coartada en su cruzada a favor de “un orden nuevo”.
Tampoco los movimientos feministas, hipersensibilizados con la dimensión opresora del marido en las relaciones de pareja, encuentran motivo de protesta en la circunstancia (machista donde las haya) de que sea el hombre, a despecho de los padres y hermanos de la víctima, quien decida la muerte de su esposa para legalizar una relación adúltera consumada. El dogma del momento es la defensa a ultranza del «derecho a morir», que como dice el Maestro Sowell, en este caso es más bien «el derecho a matar»; y si para defenderlo hay que mentir, manipular o desinformar, se hace, pues el principio fundamental del progresismo, destilado grasiento de las viejas categorías marxistas, es que el fin justifica los medios.
Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.
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