Uno de los más graves problemas del PP ha sido su incapacidad de mantener un mismo discurso en toda España. Así, las justas críticas que ha hecho contra la inmersión lingüística en Cataluña –"es una cuestión de libertad", recordó en su día Rajoy en TV3– han podido ser manipuladas y tratadas como un caso patológico de "anticatalanismo". La razón, evidente, es que en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP se estaban llevando a cabo medidas igualmente liberticidas.
Ese desprecio por los principios que mueven a sus votantes posiblemente fuera una de las razones que acabaran llevando al PP a dar con sus huesos en la oposición en Galicia y, sobre todo, Baleares. Porque si rendirse a la cultura políticamente correcta, que es nacionalista y de izquierdas, difícilmente puede proporcionar grandes éxitos políticos cuando la derecha está en la oposición, es mortal de necesidad cuando se alcanza el Gobierno, porque los votantes no están sufriendo a la alternativa ni se ven impelidos a expulsarla, por lo que tienen más propensión a dar de lado a quien traiciona sus principios.
Matas cometió un error capital llevando en sus listas a una nacionalista que declaraba su admiración por Artur Mas. Pero mucho peor fue su empeño durante los años que gobernó de continuar con la implantación del pancatalanismo cultural y lingüístico en las islas. Como tantas veces hemos denunciado, parece que los gobiernos del PP no sirven para hacer avanzar las ideas liberal-conservadores, sino sólo para frenar ligeramente la implantación de medidas colectivistas, sean socialistas o nacionalistas. Así, ahora que en el Gobierno balear están los originales, y no las fotocopias, es natural que se produzcan hechos como los del colegio público de Santa Eugenia, en el que se prohíbe a los niños hablar en castellano en los recreos y se pone a los profesores a vigilar que dicha orden se cumpla.
Debería ser innecesario explicar hasta qué extremo totalitario llega semejante medida. Como dijera Vidal Quadras antes de que Aznar lo quitara del PP catalán, "un idioma no se impone, como no se impone el aire que se respira o los amigos que se eligen". La imposición legal de una lengua no es menos liberticida e impropia de una democracia que una teórica imposición legal de unas amistades determinadas, o de la vivienda donde han de pasar nuestros días. Y es más grave aún cuando esto se le hace a niños indefensos por parte de aquellos a los que sus padres han confiado su educación. Que esto sea necesario decirlo en la España del siglo XXI demuestra hasta qué punto es putrefacto el ambiente político que en nuestro país se vive.
El abandono del PP a esta defensa de la libertad llevó en su momento a la eclosión de diversas organizaciones ciudadanas en Cataluña para hacer ese papel, y ha llevado en los últimos años a la reproducción de este fenómeno en otras comunidades autónomas, como Galicia, País Vasco y, ahora, las Islas Baleares. Nos congratulamos de la decisión del Círculo Balear de llevar a los tribunales esta barbaridad, y más aún de que existan todavía políticos en el PP que, como el alcalde de Calviá, están dispuestos a dar la batalla de las ideas contra la hegemonía progre. Porque la esperanza de asociaciones como Galicia Bilingüe es dejar de ser necesarias un día, y sólo el apoyo de al menos uno de los dos grandes partidos puede lograrlo.