A pesar de que los documentos desmontan las falsas acusaciones que el Gobierno ha vertido en los últimos días sobre Doñana, tanto el presidente como los ministros siguen acusando a PP y Vox de querer legalizar regadíos con aguas subterráneas en el Parque Nacional. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, ha reiterado hasta la saciedad que es "absolutamente falso" y que el ejecutivo andaluz, del que también es portavoz, siempre ha empleado mano dura contra los pozos ilegales: "Los datos son claros: este Gobierno ha abierto más de 300 expedientes, mientras que el Gobierno anterior no llegó a los 65".
Aun así, Sánchez y sus ministros siguen empeñados en tergiversar el texto de una Proposición de Ley que está a disposición de todos los ciudadanos, poniendo el grito en el cielo por algo que, además, el PSOE sí hizo en el entorno de las Tablas de Daimiel. Tal y como se recoge en la querella presentada por más de 3.000 agricultores de Castilla-La Mancha por la presunta malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos, el Gobierno de José María Barreda compró derechos de agua en pozos secos, que no estaban en uso, y utilizó los m3 rescatados para legalizar pozos ilegales en el entorno protegido.
La querella se apoya en el durísimo informe publicado en 2012 por los ecologistas del Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF), los mismos a los que ahora utiliza el Gobierno en su particular cruzada contra PP y Vox, pero a los que entonces trató de desacreditar para evitar el escándalo. "Por presión de Castilla-La Mancha, el uso ilegal del agua en el Alto Guadiana no se ha perseguido, sino que se ha premiado: aquellos que han generado el problema de sobreexplotación se ven ahora legalizados con agua proveniente de derechos de papel, que en realidad no se estaba utilizando, adquiridos con 66 millones de euros de las arcas públicas —rezaba el escrito—. Esto, además, supone un estímulo del uso ilegal del agua en la zona.
El escándalo de Castilla-La Mancha
Entre 2008 y 2012, la Confederación Hidrográfica del Guadiana lanzó varias ofertas públicas de adquisición de derechos de agua (OPAD) por valor de más de 80 millones de euros. El objetivo inicial era "aliviar presiones sobre los acuíferos sobreexplotados", asumiendo la obligación de destinar el 70% del volumen total adquirido a la recuperación ambiental de la zona. Agricultores y ecologistas denuncian, sin embargo, que en realidad dichas ofertas sirvieron para comprar pozos secos en zonas que ni siquiera habían sido declaradas sobreexplotadas, al tiempo que se incumplió el compromiso medioambiental "al no destinar ni un solo m3 a tal finalidad", sino a "legalizar pozos ilegales dentro del acuífero 23 o Mancha Occidental, provocando así el efecto contrario al perseguido".
Según consta en la querella presentada ante la Audiencia Nacional, "en el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) figuraba como condición para la venta de derechos de agua la existencia de riego en la explotación durante los 3 años anteriores a la fecha de la compra y se estableció una zona prioritaria", algo lógico si tenemos en cuenta que el objetivo era liberar presión sobre áreas sobreexplotadas. Su sorpresa e indignación llegó al comprobar que las OPAD cambiaron radicalmente este requisito "exigiendo tan solo la presencia de agua en el pozo sin la confirmación de uso". El resultado: "La compra de derechos de papel, no de agua realmente ahorrada, fuera de la zona prioritaria".
Su denuncia coincide con las durísimas acusaciones que WWF lanzó en 2012 en un informe titulado "El fiasco del agua en el Alto Guadiana". En él, se llegaba a la conclusión de que "no se ha conseguido el ahorro de agua deseado", ya que "el 83% de las explotaciones cuyos derechos fueron comprados no extraían agua al menos durante los 5 años previos a la venta", el 95% de las compras se hicieron "fuera de las zonas prioritarias" y, sin embargo, el volumen adquirido se habría destinado a "legalizar pozos ilegales dentro del acuífero 23 o Mancha Occidental, provocando así el efecto contrario al perseguido". De esta forma, agricultores y ecologistas denuncian que se habría incumplido el requisito de destinar el 70% a la recuperación ambiental, dando lugar a "una clara maniobra política financiada con dinero público para obtener votos", tal y como pone de manifiesto la querella presentada por la Comunidad de Usuarios Rus-Valdelobos.
En vista de la campaña orquestada en torno al tergiversado Proyecto de Ley sobre la zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, llama poderosamente la atención el silencio del Gobierno respecto al escándalo destapado en Castilla-La Mancha. Su única respuesta ha sido la de tratar de manipular lo sucedido, alegando que la querella interpuesta por más de 3.000 agricultores no ha sido admitida a trámite, a pesar de que ellos mismos han puesto sobre la mesa los documentos que demuestran que la Justicia todavía no ha dicho la última palabra.
Ambas reacciones —la sobreactuación de Doñana y el silencio en Damiel— parecen responder, sin embargo, al mismo hecho: unas elecciones en el horizonte en las que la gestión del agua podría ser decisiva en muchos territorios de nuestro país.