El Ejecutivo regional ha decidido abrir la caja de los fondos públicos un poco antes este año. La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura acaba de formalizar en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) una inyección de 10,5 millones de euros destinados a becas y ayudas al estudio para el curso 2026-2027. En un contexto donde la economía familiar mide cada gasto al milímetro, la Administración autonómica opta por consolidar y ensanchar su red de subsidios académicos con cargo al erario público.
Nuevos beneficiarios
Esta nueva convocatoria no se limita a repetir las cifras del curso anterior, sino que busca dar cabida a un abanico mucho más amplio de beneficiarios. Para lograrlo, el Gobierno ha intervenido directamente en los baremos económicos, aplicando una revisión al alza de los umbrales de renta y patrimonio. En la práctica, esto supone relajar los filtros para que rentas que antes quedaban fuera del sistema público de ayudas ahora puedan acceder a él. Además, por primera vez, las enseñanzas artísticas superiores impartidas en centros públicos entran bajo el paraguas de las subvenciones autonómicas, una decisión que la consejera Migdalia Machín justifica como un acto de equiparación con el resto de universitarios.
El reparto de este presupuesto millonario asume gran parte del coste de vida del alumnado. Llama la atención el incremento de la ayuda por residencia, que escala hasta los 3.000 euros para quienes deben desplazarse de su isla. Asimismo, el sistema mantiene la financiación de lo que la Administración denomina "segunda oportunidad"; es decir, los fondos públicos seguirán sufragando los costes de aquellos estudiantes que decidan reorientar su itinerario académico tras haber comenzado otra carrera. Como único contrapeso a este modelo puramente asistencial, el texto mantiene una línea de ayudas enfocada a premiar la excelencia académica.
Mejora de los tiempos
La única mejora reseñable es la agilización de los tiempos. La maquinaria administrativa ha logrado adelantar la publicación a julio, superando los retrasos de años anteriores, con el fin de ofrecer a las familias cierta capacidad de planificación antes del arranque escolar. Los aspirantes a captar parte de estos 10,5 millones tienen ahora un mes de plazo, desde su publicación en el BOC, para sortear los trámites en la sede electrónica del Gobierno y formalizar su solicitud.