Las imágenes no mienten y la paciencia se agota. Un simple paseo por la Milla de Oro de Arona basta para certificar el estado de absoluta degradación en el que ha sumido el actual grupo de gobierno a una de las zonas comerciales y turísticas más importantes de Canarias. El paisaje actual es desolador. Decenas de inmigrantes ilegales ocupan impunemente las aceras, exhibiendo sobre mantas un auténtico escaparate del fraude y la falsificación, a escasos metros de las puertas de comercios legales.
El agravio comparativo es, sencillamente, insultante. Al un lado de la acera, encontramos la economía sumergida campando a sus anchas. Venta de productos falsificados, ocupación ilegal de la vía pública y una nula aportación a las arcas públicas. Cero impuestos, cero alquileres, cero contratos laborales y cero inspecciones.
Al otro lado, la realidad del empresario local. Autónomos y sociedades que abonan mensualmente miles de euros en concepto de rentas, que pagan religiosamente sus impuestos, que generan empleo estable y que son el verdadero motor de la riqueza en la comarca. ¿Su recompensa? Convertirse en el blanco fácil de una administración local que parece haber confundido al enemigo.
La situación se agrava hasta lo insostenible cuando se analiza el trato que reciben estos negocios legales. Mientras el comercio ilícito opera con total libertad y a la luz del día, los empresarios se enfrentan a una maquinaria burocrática asfixiante. Las inspecciones a los locales comerciales se han vuelto de una dureza desproporcionada. Se imponen sanciones sin una justificación clara y se ejecutan precintos sobre empresas históricas, negocios que ya levantaban la persiana y generaban puestos de trabajo cuando Fátima Lemes todavía jugaba a las muñecas. Es una cacería administrativa que castiga a quien cumple y premia a quien infringe la ley.
La alcaldesa Fátima Lemes hace mucho tiempo que perdió el control del municipio; eso, asumiendo que en algún momento llegara a tenerlo. Su gestión ha convertido el Ayuntamiento en un ente inoperante frente a la ilegalidad, pero feroz contra el contribuyente.
Arona se está transformando a pasos agigantados. Ha dejado de ser el destino de excelencia que una vez fue para convertirse en un lugar poco amable. Es hostil para el turista, que tiene que sortear la venta ilegal en las aceras; es frustrante para el ciudadano, que ve cómo se deteriora su entorno; y es una auténtica pesadilla para el empresario, acosado por su propio ayuntamiento mientras asiste atónito a la barra libre del fraude frente a su propio escaparate.
No se puede sostener un municipio asfixiando al que paga y mirando hacia otro lado con el que defrauda. Arona necesita orden, autoridad y, sobre todo, respeto por quienes de verdad levantan su economía cada mañana.