El mercado del transporte marítimo en Canarias tiene un claro ganador cuando se trata del reparto de fondos públicos. En el segundo trimestre de 2026, el Gobierno autonómico inyectó 10,2 millones de euros para sostener las bonificaciones a residentes. De esa factura, sufragada íntegramente por los contribuyentes, siete de cada diez euros terminaron en las cuentas de una sola empresa: Fred Olsen.
Los datos oficiales revelan un sector fuertemente intervenido por la Administración. Entre abril y junio, Fred Olsen ingresó 7.244.560 euros tras aplicar el descuento estatal a casi 600.000 billetes. Esta cifra consolida su posición de dominio y, sumada a los 2,73 millones percibidos por la recién renombrada Balearia Canarias (antigua Naviera Armas), evidencia un duopolio de facto sostenido con dinero público.
El mecanismo detrás del subsidio
El sistema es directo. El residente canario abona una fracción del precio del billete y la Administración reintegra la diferencia a la naviera. Aunque el mensaje político lo presenta como un alivio para el bolsillo del ciudadano frente a la fragmentación del territorio, en la práctica actúa como una transferencia de rentas directa hacia las cuentas de resultados de los operadores dominantes.
La concentración es absoluta. Mientras Fred Olsen y la nueva marca de Balearia en las islas absorben prácticamente el 98% del presupuesto, el resto de actores asiste a un reparto marginal de las bonificaciones:
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Líneas Marítimas Romero: 96.362 euros.
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Trasmediterránea: 90.124 euros.
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Graciosamar Cruceros: 47.123 euros.
La factura real de la insularidad
De media, el sistema público asume 12 euros por cada billete subvencionado. Sin embargo, las disparidades son notables. Dependiendo de la ruta y de la política comercial de cada compañía, el coste para el contribuyente fluctúa entre los 3,6 y los 15 euros por trayecto.
Este modelo de ayudas refleja cómo las políticas diseñadas bajo la premisa de la cohesión territorial terminan blindando las cuotas de mercado. La factura de la movilidad interinsular en Canarias no la está dictando la libre competencia, sino la capacidad de absorción de subsidios de las compañías que ya controlan el tablero marítimo.