Lo sucedido en Ceuta debería haber encendido todas las alarmas en Canarias. Sin embargo, mientras la Policía apunta a la participación de agentes marroquíes en una entrada masiva que desbordó la frontera española, una parte de la izquierda canaria continúa más preocupada por proteger a Pedro Sánchez que por preguntarse qué ocurriría si el próximo escenario elegido para ejercer presión sobre España fuese nuestro Archipiélago.
Hay una modalidad de buenismo especialmente peligrosa: la que confunde humanidad con estupidez.
Y en Canarias estamos empezando a especializarnos en ella.
Durante años nos han explicado que cualquier debate sobre inmigración debe comenzar pidiendo perdón, continuar solicitando permiso y terminar aclarando que uno no es xenófobo. Mientras cumplimos ceremoniosamente el protocolo, Marruecos observa.
Y Marruecos está bastante cerca.
Lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio debería haber terminado de una vez con determinadas frivolidades.
Más de 72.000 personas cruzaron irregularmente desde Marruecos hacia territorio español en apenas dos días. No es una interpretación política. Es lo que ocurrió.
Pero ahora sabemos algo más.
El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional apunta a la participación de agentes marroquíes en aquellos acontecimientos. Habla de permisividad, de personas identificadas como miembros de las fuerzas marroquíes guiando a migrantes hacia determinados puntos de entrada y de una operación que tuvo como consecuencia el colapso de la capacidad española de control fronterizo.
Y además sabemos que el 29 de julio, un día antes, el Cenif había emitido una alerta sobre el riesgo de una entrada masiva prevista para el día siguiente.
Aquí termina el buenismo y empieza la política.
Porque podemos discutir durante horas acerca de las motivaciones individuales de cada una de las personas que cruzaron aquella frontera.
Seguro que muchísimas querían simplemente una vida mejor.
¿Y quién puede reprochárselo?
Absolutamente nadie.
Pero una cosa es el legítimo deseo individual de prosperar y otra muy distinta que decenas de miles de personas atraviesen en cuestión de horas la frontera de un Estado soberano mientras las fuerzas del país vecino, según el informe policial, muestran una permisividad extraordinaria e incluso participan en el guiado de los cruces.
Confundir ambas cuestiones no es solidaridad.
Es negarse a mirar lo que está ocurriendo.
Porque aquí hay una pregunta que los canarios deberíamos hacernos antes que nadie:
¿Y si la próxima vez somos nosotros?
No hace falta ser estratega militar.
Basta con mirar un mapa.
Canarias está frente a Marruecos. Y nuestra situación geográfica convierte cualquier alteración grave de las relaciones entre España y el reino alauita en un asunto que nos afecta directamente.
Por eso resulta incomprensible la tranquilidad con la que una parte de nuestra izquierda contempla lo sucedido en Ceuta.
Como si aquello hubiera ocurrido en Mongolia.
Como si Marruecos fuese un vecino lejano.
Como si Canarias no llevara años soportando en primera línea las consecuencias de la presión migratoria procedente de la costa africana.
El Gobierno español podrá mantener su tesis de que no existe prueba de que Marruecos planificara la operación. Es legítimo.
Pero también es legítimo —y bastante razonable— preguntarse por qué un informe de nuestra propia Policía describe comportamientos de agentes marroquíes compatibles con la facilitación y el guiado de las entradas.
Eso no es xenofobia.
Se llama hacer preguntas.
Algo que antiguamente formaba parte del oficio periodístico.
Y luego está la habitual superioridad moral.
Esa izquierda que parece haber patentado la solidaridad pretende explicarnos ahora a los canarios qué significa emigrar.
Gracias, pero podemos saltarnos la clase.
Pocas sociedades españolas conocen la emigración como la nuestra.
Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay o Estados Unidos pueden contar la historia de generaciones enteras de canarios que cruzaron el Atlántico buscando oportunidades.
Sabemos perfectamente lo que significa marcharse porque nuestros abuelos, nuestros padres o nuestros bisabuelos lo hicieron.
Y precisamente por eso sabemos también que emigrar no concede patente de corso.
Nuestros emigrantes llegaron mayoritariamente con una idea bastante sencilla: trabajar, prosperar y construir una vida dentro de la sociedad que los recibía.
No exigían que aquella sociedad se adaptara a ellos.
Intentaban adaptarse ellos a aquella sociedad.
No hay ninguna contradicción entre defender la inmigración legal y exigir que sea ordenada y compatible con nuestra capacidad de integración.
España necesita inmigrantes.
Canarias también.
Tenemos baja natalidad, una población que envejece y sectores económicos que necesitan trabajadores.
Bienvenidos todos aquellos que vengan a trabajar, emprender, estudiar, respetar nuestras leyes y compartir pacíficamente nuestra sociedad.
Pero precisamente por respeto a ellos debemos decir algo que durante demasiado tiempo se ha considerado políticamente incorrecto:
no toda inmigración es buena por el mero hecho de ser inmigración.
La inmigración sin control genera problemas.
La ausencia de integración genera problemas.
Y la delincuencia genera problemas la cometa quien la cometa.
Si un español agrede, roba o viola, debe caer sobre él todo el peso de la ley.
Si lo hace un extranjero, exactamente igual.
Y si además ese extranjero se encuentra ilegalmente en España, resulta perfectamente legítimo preguntarse por qué continúa aquí.
Esto no debería pertenecer ni a la derecha ni a la izquierda.
Debería pertenecer al sentido común.
Pero hay algo todavía más irritante.
Ante una crisis que afecta directamente a los intereses estratégicos de Canarias, determinados socialistas canarios parecen preocupados fundamentalmente por una cosa: que Pedro Sánchez no salga políticamente perjudicado.
El presidente estaba de vacaciones en Lanzarote durante la crisis de Ceuta.
Él mismo ha defendido públicamente su derecho a descansar y asegura que un presidente está permanentemente pendiente de los asuntos del país.
Perfecto.
Pero el debate no consiste en determinar si Pedro Sánchez tiene derecho a bañarse, tomar el sol o cenar con su familia.
Naturalmente que lo tiene.
El debate consiste en saber qué información manejaba el Estado antes del 30 de julio y qué decisiones se adoptaron ante ella.
Porque ahora sabemos que hubo una alerta policial el día anterior.
Y sabemos también que existieron informes de situación del CNI y de la Policía, aunque Sánchez sostiene que ninguno anticipaba una avalancha de semejante magnitud.
Eso es lo que debe aclararse.
Sin excusas.
Sin argumentarios.
Y sin esa provinciana costumbre de algunos dirigentes canarios de convertirse en guardaespaldas políticos del líder nacional de turno.
Porque resulta bastante curioso escuchar permanentemente discursos sobre la defensa de Canarias frente al centralismo madrileño para terminar practicando el más rancio de los servilismos cuando quien ocupa La Moncloa lleva las siglas adecuadas.
Mucho nacionalismo canario de lunes a sábado y el domingo todos firmes ante Ferraz.
Canarias necesita empezar a hablar de inmigración sin complejos.
Sin odio.
Pero también sin miedo.
Tenemos derecho a decidir cuántas personas podemos recibir.
Tenemos derecho a exigir que quien venga respete nuestras leyes.
Tenemos derecho a proteger nuestras fronteras.
Tenemos derecho a exigir integración.
Tenemos derecho a proteger nuestros barrios, nuestras calles y nuestras familias.
Y tenemos derecho a decir que una mala política migratoria que termina desbordando los servicios públicos, los sistemas de acogida o la convivencia es una mala política migratoria.
Decirlo no convierte a nadie en xenófobo.
Del mismo modo que denunciar una agresión cometida por un extranjero no convierte a todos los extranjeros en delincuentes.
La izquierda lleva demasiado tiempo intentando obligarnos a escoger entre dos extremos igualmente absurdos: o aceptamos cualquier política migratoria sin rechistar o somos unos racistas.
Pues no.
Existe una tercera posibilidad.
Se llama sentido común.
Inmigración, sí.
Pero legal y ordenada.
Solidaridad, sí.
Pero compatible con nuestra capacidad real.
Integración, siempre.
Impunidad, nunca.
Y frente a Marruecos, cooperación, relaciones diplomáticas y buena vecindad, naturalmente.
Pero también firmeza.
Porque lo verdaderamente preocupante de Ceuta no son solamente las 72.000 personas que atravesaron la frontera.
Es haber comprobado hasta qué punto una frontera española puede quedar sometida a una presión extraordinaria en cuestión de horas.
Los canarios deberíamos tomar nota.
Estamos demasiado cerca de Marruecos para permitirnos el lujo de ser ingenuos.
Y demasiado lejos de Madrid para pagar otra vez las consecuencias de que allí decidan mirar hacia otro lado.