La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado una advertencia que resuena con especial gravedad en el archipiélago. Durante su intervención en el Nueva Economía Fórum, ha trazado una línea temporal entre la dejación de funciones del Gobierno central y el peligro inminente que acecha a Canarias. La crisis en las fronteras no obedece a accidentes aislados, sino a la consecuencia de una estrategia de abandono que sitúa a las islas como el próximo objetivo de las presiones de Marruecos.
La debilidad de Sánchez
Ayuso analizó la política exterior del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tras ceder posiciones en el Sáhara, perjudicar los acuerdos de pesca y abandonar los intereses nacionales en la zona del Estrecho, la pregunta resulta obligada. ¿Cuál es el siguiente paso? La presidenta madrileña no duda al señalar a Melilla y Canarias como los próximos escenarios de este acoso continuo. La inacción del Estado convierte al archipiélago en el eslabón débil de una cadena que Moncloa rechaza proteger.
El impacto sobre la seguridad de las islas ocupa el eje central de esta denuncia. España mantiene activa la alerta antiterrorista por yihadismo, un factor crítico que choca con la extrema permeabilidad de las costas canarias. Ayuso subraya la temeridad que supone permitir entradas masivas sin un control riguroso. Las autoridades desconocen la identidad real y los antecedentes penales de quienes cruzan la frontera. Este descontrol vulnera la soberanía nacional y somete a los ciudadanos de Canarias a un riesgo inasumible, transformando un fallo burocrático en una brecha de seguridad de primer orden.
El coste de la sumisión a Marruecos
La crítica apunta de lleno a la actitud del Gobierno socialista. La gestión de Moncloa se describe como negligente y cobarde, operando como una alfombra que entrega los intereses del país al reino alauita. Para Canarias, esta sumisión comporta un coste tangible. La presión migratoria agota los recursos locales, tensiona los servicios públicos y frena el desarrollo económico de una región que requiere estabilidad. El Estado falla en su mandato de garantizar el orden.
El paralelismo con la situación de Ceuta resulta esclarecedor para comprender la fractura social. Ayuso recordó cómo los niños ceutíes no han podido iniciar el curso escolar con normalidad ante la asfixia que sufre la ciudad. Este abandono institucional es el mismo que padece Canarias, obligada a gestionar en solitario la saturación de los centros y el impacto en sus calles. Moncloa delega el problema en las administraciones regionales, eludiendo su responsabilidad financiera y operativa.
La realidad exige un cambio de rumbo. No caben excusas ni culpas derivadas a los presidentes autonómicos. El deber de proteger la integridad del territorio recae en el Ejecutivo central. Tolerar la inacción actual significa aceptar que Canarias quede a merced de intereses extranjeros. La libertad y la prosperidad del archipiélago requieren fronteras sólidas y un Estado que no claudique ante el chantaje.